Trump, Scheinbaum y el miedo a enfrentar la verdad
El crimen organizado en México no solo ha consolidado su poder territorial y económico, sino que ha logrado infiltrarse en las estructuras políticas y gubernamentales, convirtiéndose en el verdadero árbitro de muchas elecciones y decisiones de Estado. Los cárteles han dejado de ser simples grupos delictivos para transformarse en una especie de poder paralelo que impone alcaldes, financia campañas y dicta políticas de seguridad a su conveniencia. En este contexto, el gobierno de México ha demostrado no solo una preocupante pasividad, sino una evidente complicidad al permitir que este fenómeno siga avanzando sin resistencia real.
La estrategia de "abrazos, no balazos" promovida por Andrés Manuel López Obrador y ahora heredada por Claudia Sheinbaum no solo fracasó, sino que resultó en el fortalecimiento de los cárteles. En lugar de debilitar las estructuras criminales, se les otorgó un respiro que les permitió expandir su influencia, diversificar sus negocios ilícitos y controlar aún más regiones del país. La violencia no disminuyó; al contrario, los grupos criminales se volvieron más poderosos y sofisticados en sus operaciones, mientras el gobierno se mantiene en una postura de indiferencia o franca omisión.
Uno de los aspectos más preocupantes de este panorama es la incapacidad –o falta de voluntad– del gobierno para desmantelar las estructuras financieras de los cárteles. Igualmente los Estados Unidos deberían perseguir y sancionar a más operadores clave, en México los recursos del narcotráfico siguen fluyendo con impunidad a través de negocios aparentemente legales, lavado de dinero y redes de corrupción que involucran a actores políticos de alto nivel. No es casualidad que, a pesar de la enorme riqueza generada por estas organizaciones, las autoridades mexicanas tengan escasas incautaciones de activos o golpes financieros significativos contra el crimen organizado.
La infiltración del narcotráfico en la esfera política es ya un secreto a voces. La omisión del gobierno no responde solo a una estrategia fallida, sino a un sistema profundamente corrompido en el que los cárteles han encontrado aliados y cómplices en los más altos niveles del poder. Mandatarios estatales, alcaldes y legisladores han sido financiados o directamente colocados por estas mafias, asegurando que las instituciones funcionen más para proteger los intereses criminales que para combatirlos.
En este escenario, no es de extrañar el nerviosismo de la primer mandataria de la nación Claudia Sheinbaum ante la decisión de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Una medida de este calibre podría destapar información comprometedora sobre la relación entre políticos mexicanos y grupos criminales, revelando la magnitud del problema.
Si el gobierno de México realmente quisiera combatir al crimen organizado, empezaría por depurar sus propias filas y cortar los lazos de complicidad que han permitido a los cárteles operar con total impunidad. Pero todo indica que esto no ocurrirá, porque el enemigo ya está dentro.