Tribunales electores convertidos en la nueva Santa Inquisición

En México, la figura de la violencia política de género, creada para proteger a las mujeres en la vida pública, está siendo pervertida por algunas mandatarias, diputadas, alcaldesas y ex candidatas (la mayoría ligadas a Morena, PT y Partido verde) que la usan como arma de censura. Ciudadanas, periodistas y medios de comunicación están siendo denunciados y perseguidos judicialmente por ejercer su derecho a la crítica, incluso cuando esta es legítima y fundada. 

La denuncia ya no es por ataques misóginos, sino por señalar corrupción, incongruencias o abusos de poder.
Institutos y Tribunales Electorales, lejos de actuar como garantes de la democracia, se han convertido en una nueva Santa Inquisición. Con rapidez alarmante, censuran publicaciones, sancionan opiniones e imponen restricciones a voces incómodas, ignorando el contexto y pasando por encima de la libertad de expresión. La crítica política, piedra angular de cualquier democracia, está siendo criminalizada con resoluciones que buscan infundir miedo y silencio.
 

Este uso distorsionado de la ley no sólo debilita la libertad de expresión: también trivializa la verdadera violencia de género, dejando desprotegidas a quienes sí enfrentan amenazas reales por su condición. Hoy vemos a gente que no admite cuestionamientos, estamos ante una democracia incompleta. Es urgente recuperar el sentido original de la norma, frenar su uso autoritario y defender el derecho ciudadano a fiscalizar al poder, sin importar si lo encarna un hombre o una mujer.