Solapan aviadores desde el Congreso
Una de las funciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí es vigilar que los ayuntamientos, gobierno y organismos autónomos hagan buen uso de los recursos públicos y por medio de la Auditoría Superior del Estado se hagan investigaciones sin distingos y en caso de encontrar irregularidades interponer las denuncias penales correspondientes. Pero en la práctica eso no sucede.
Esta nueva legislatura está realizando actos fuera de toda ética, donde los diputados y funcionarios han colocado con sueldos exorbitantes un sin fin de personas, que van desde excandidatos a diputados, amigos, parientes y gente que le manejaba hasta las redes sociales.
Beatriz Benavente que por cierto, perdió en las elecciones pasadas en su intentó de regresar nuevamente como diputada local, fue colocada como Oficial Mayor del Congreso, es responsable de la contratación del personal que labora en el Poder Legislativo por tiempo determinado, vigilar su asistencia, su productividad, el apego a las leyes laborales y al reglamento interno, así mismo aplicar sanciones inmediatas a quién detente un sueldo sin justificarlo. El no hacerlo, es convertirse en cómplice y deben existir responsabilidades.
Este lunes 7 de diciembre del 2015, Ciudadanos Observando pudo verificar que tres personas contratadas para laborar en la Unidad de Información Pública ( Transparencia) que se ubica en el Edificio de Vallejo No. 200 y que son :
-Tania Melisa Cobos Durán con un sueldo de $31,016.64
-Jaime Javier Lozano Laureano cobra $23,282.22
-Juan Manuel Guerrero Ponce cobra $ 13,315.00
no asisten a laborar, de hecho personal de esa Unidad de Información negaron conocer a las tres personas señaladas y aseguran que jamás han realizado ninguna actividad ligada al trabajo de esa área de información pública. Que ahí no laboran y no ubican a ninguno.
Como actúan los altos mandos en el Congreso podrán intentar "justificar" de muchas formas la inasistencia a laborar al área donde dicen estar contratados ya que queda muy claro que estas contrataciones son solapadas desde la Oficialía Mayor, que contrariamente, sería la que estaría aplicando sanciones para evitar a toda costa este tipo de actos.