Sistema Estatal Anticorrupción de SLP: Una farsa institucional que alimenta la impunidad
El Sistema Estatal Anticorrupción de SLP: Una farsa institucional que alimenta la impunidad
Desde su creación el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de San Luis Potosí ha demostrado ser poco más que un costoso adorno burocrático. Nacido del clamor ciudadano por frenar el saqueo institucional y garantizar la rendición de cuentas, hoy él SEA no solo ha fallado en sus objetivos: se ha convertido en cómplice pasivo de los mismos vicios que prometía erradicar. Sus mesas de trabajo, llenas de discursos reciclados y simulación, no han producido un solo caso emblemático de combate efectivo a la corrupción. Lejos de fortalecer la transparencia, ha contribuido a normalizar la opacidad y la monumental impunidad.
El Comité Coordinador del SEA está compuesto por siete organismos clave: la Auditoría Superior del Estado ( hoy Instituto de Fiscalización Superior), la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría General del Estado, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y el Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, en vez de operar como una fuerza colectiva de vigilancia y justicia, estos entes parecen actuar como una red de protección mutua. Se toleran, se encubren y se justifican entre ellos. Ninguno ha tenido el valor —ni el interés— de señalar con firmeza los actos de corrupción que a diario se denuncian en la entidad. Incluso, intentando huir el secretario técnico Jesús Rafael Rodríguez López y el Fiscal Anticorrupción Felipe Aurelio Torres participaron en procesos para brincar a otro puesto.
Los potosinos ven cómo cada año se anuncian “nuevas estrategias” contra la corrupción que nunca llegan a aplicarse. El SEA se ha convertido en un refugio de simulación para funcionarios que se premian con cargos y sueldos elevados mientras hacen exactamente lo contrario de lo que deberían: proteger a quienes abusan del poder. Las estadísticas lo confirman: la percepción de corrupción en San Luis Potosí no solo no ha disminuido, ha aumentado.
En lugar de ser el muro de contención ante el deterioro ético del servicio público, el SEA ha sido parte del problema. Se han institucionalizado los silencios, se ha normalizado la impunidad y se ha desactivado a la ciudadanía crítica. El fracaso no es técnico ni presupuestal: es moral y político.
El Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí ha sido una gran mentira sostenida por quienes juraron combatir la corrupción, pero terminaron abrazándola. Y eso, para los ciudadanos, es una traición imperdonable.