Sin resultados, investigación sobre camionetas del ayuntamiento de SLP

La Fiscalía General de Justicia del Estado sigue inmóvil y trabaja a paso de tortuga en la investigación sobre las 27 unidades que el Ayuntamiento de San Luis Potosí adquirió el año pasado tras concluir el plazo de arrendamiento y que fueron dadas de baja de manera ilegal en una oficia recaudadora de la secretaría de finanzas ubicada en avenida Muñoz, en una acción coordinada que presumiblemente buscaba desaparecerlas.

La titular de la dependencia, Manuela García Cázares, ha mantenido el caso bajo total opacidad. No ha informado avances, lo que evidencia la ausencia de resultados, a pesar de que existen elementos suficientes para llevar ante la justicia a quienes participaron en este acto ilícito.

Incluso, aunque estas unidades ya tenían las placas dadas de baja, se han detectado circulando con placas sobrepuestas. Esto constituye un delito y debieron quedar fuera de circulación desde hace meses, hasta que concluyeran las investigaciones y un juez emitiera una resolución.

La pasividad de la Fiscalía abre preguntas que no pueden seguir ignorándose. ¿Por qué la FGE mantiene una postura tan complaciente ante un caso de esta gravedad? ¿Hay acuerdos ocultos que frenan el avance de la investigación? ¿A quién se protege evitando que el expediente llegue a un juez penal? ¿Cuántos funcionarios públicos podrían estar implicados?