Secretaria de Salud se niega entregar reporte de gastos
Denunciamos públicamente que los Servicios de Salud de San Luis Potosí, bajo la dirección de Leticia Gómez Ordaz, se niegan a transparentar los egresos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2025. Esta omisión no solo representa una grave violación al derecho de acceso a la información, sino que quebranta de forma directa lo estipulado por la Ley de Transparencia estatal.
La negativa es dolosa y sistemática: se nos canaliza a la Plataforma Estatal de Transparencia, donde el reporte simplemente no aparece y, en su lugar, se muestra el mensaje “No se genera”. Como si fuera poco, suben un documento repleto de justificaciones legales infundadas y fuera de contexto, lo que representa una burla institucional. Esta fue precisamente la razón por la que se formalizó la solicitud de información con folio 241230325000154.
Conviene recordar que, en el sexenio anterior, los Servicios de Salud fueron el epicentro de múltiples escándalos de corrupción, que culminaron con el encarcelamiento de su titular, Mónica Rangel Martínez. Por ello, la actual administración encabezada por Ricardo Gallardo Cardona tiene el deber ético y legal de actuar con absoluta transparencia y honestidad. Pero la realidad otra: lo que reina es la opacidad y una justificada sospecha de que los desvíos continúan bajo nuevas formas. En otras palabras, hoy padecemos una "herencia maldita recargada" que vive en la oscuridad.
La actual secretaria de Salud, Leticia Gómez Ordaz, ha mostrado ser enemiga de la transparencia y la rendición de cuentas. Desde su llegada al cargo, arrastra un historial poco claro, vinculado al Partido Verde Ecologista en el Estado de México, que la impulsó como diputada federal y la colocó en San Luis Potosí como resultado de acuerdos cupulares con el mandatario estatal Ricardo Gallardo.
La Ley de Transparencia del Estado es contundente: el artículo 84, fracción IV, obliga a publicar de manera puntual y detallada cada egreso —monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, banco y funcionario responsable— en la Plataforma de Transparencia. Sin embargo, para la Secretaría de Salud esta obligación parece no existir. Su reiterado incumplimiento constituye una clara señal de alerta: detrás de la omisión podría esconderse una red de corrupción activa.
Por lo tanto, nos surgen dudas contundentes.
¿Se ha convertido la Secretaría de Salud en la caja chica del Partido Verde y sus dirigentes nacionales?
¿Estamos frente a otro sexenio podrido por la corrupción en un área vital para la población?
¿Qué tamaño tiene el desfalco que obliga a ocultar los datos y pisotear la ley?
Lo que era una sospecha se ha convertido en evidencia: estamos frente a un retroceso brutal en materia de transparencia. Este gobierno se perfila como uno de los más oscuros de las últimas décadas. Una administración que, lejos de romper con el pasado, parece perfeccionar la impunidad y el ocultamiento.