Se presume venganza en contra de Miguel Ángel Lutzow
Después de pasar años en la cárcel, en un proceso que, por las evidencias existentes, permite presumir posibles acuerdos oscuros, Miguel Ángel Lutzow Steiner, exsecretario de Salud, sigue obteniendo resoluciones jurídicas a su favor. Ahora, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito ordenó anular el fallo condenatorio dictado en su contra.
Conviene recordar el contexto que antecede a este caso.
Durante el pasado sexenio de Juan Manuel Carreras, los Servicios de Salud acumularon millonarios desfalcos con recursos públicos mediante el uso de empresas fantasma, falsificación de documentos, operaciones simuladas y compras inexistentes. Así se reveló la operación de una red de corrupción que, con el paso del tiempo, terminó exhibida de manera parcial.
El 12 de abril de 2022 fue detenida Mónica Liliana Rangel, extitular de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Se le acusó únicamente por un fraude de 22 millones de pesos, relacionado con la empresa Public Health Supply and Equipment de México, S.A. de C.V., con la cual se simuló la entrega de productos.
Sin embargo, las evidencias apuntaban a un quebranto mucho mayor. Rangel nunca pisó la cárcel. Alegó problemas de salud y permaneció retenida en un hospital. Más tarde, el 21 de mayo, recuperó su libertad tras declararse culpable, recibir sentencia y devolver los 22 millones de pesos. De acuerdo con distintas versiones, también habría pactado que Miguel Ángel Lutzow cargara con la responsabilidad penal durante varios años, como parte de una presunta venganza personal, además de entregar bajo la mesa 130 millones de pesos.
Precisamente el 3 de mayo de 2022, Lutzow Steiner terminó pagando los platos rotos. Fue detenido por los presuntos delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa.
El caso se remonta a la pandemia de Covid-19, en 2021, cuando presuntamente se estableció un acuerdo entre Mónica Rangel, entonces secretaria de Salud, otros servidores públicos y cuestionada empresa Public Health Supply and Equipment de México, S.A. de C.V. Dicho acuerdo habría consistido en simular la compra de insecticida por un monto de 32.7 millones de pesos.
La empresa recibió el pago ni entregó producto contra el dengue, pero posteriormente habría devuelto el dinero en efectivo, transportado y entregado en maletas deportivas.
No obstante, la Fiscalía General del Estado procedió únicamente contra Miguel Ángel Lutzow, mientras Mónica Rangel y otras personas quedaron fuera del proceso penal. Las únicas pruebas en su contra fueron los testimonios de dos testigos, quienes afirmaron que Lutzow estuvo presente en la reunión donde se planeó el fraude, aunque también señalaron que no tomó dinero alguno. Además, Lutzow no firmó ningún documento y, durante el proceso judicial, los testigos incurrieron en contradicciones.
Finalmente, todo el peso de la ley recayó sobre él. El 17 de octubre de 2024 fue sentenciado a cinco años de prisión, lo que alimentó la sospecha de que el caso formó parte de un acuerdo para cargarle toda la responsabilidad y consumar la venganza pactada en su contra.
Hoy, en junio de 2026, el Supremo Tribunal de Justicia revocó la sentencia condenatoria impuesta en su contra en 2024 y dictó una sentencia absolutoria, al considerar que no se acreditó el delito de ejercicio abusivo de funciones en perjuicio de los Servicios de Salud del Estado.
Esto obliga a plantear varias preguntas:
¿Quién se quedó con los 32.7 millones de pesos que fueron entregados en maletas deportivas?
¿Por qué la Fiscalía General del Estado habría protegido a Mónica Rangel?
¿Por qué la Fiscalía mintió en su comunicado oficial al asegurar que existen otros copartícipes con sentencias condenatorias dentro de este caso?
Los hechos recientes fortalecen esta hipótesis: el caso Lutzow no solo exhibe inconsistencias judiciales, sino que refuerza la sospecha de una cruel venganza previamente pactada.