Se destapa un presunto fraude por 3 millones de dólares en el IPICYT
El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) está envuelto en un caso que podría convertirse en uno de los fraudes más significativos de los últimos años. La principal señalada es Delia N. representante de la empresa Servicios de Implementación en Redes Convergentes, S.A. de C.V. con dirección fiscal en la calle Texcoco número 3846 colonia Ciudad del sol en el municipio de Zapopan, Jalisco, quien presuntamente habría intentado cobrar de manera ilegal más de tres millones de dólares (algo así como 51.8 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio en su momento) al instituto usando contratos simulados y una querella penal como presión.
El origen de este posible fraude se remonta a un convenio firmado el 20 de abril del 2016, entre la empresa señalada y el instituto, que argumenta que cualquier contrato de compraventa o prestación de servicios con IPICYT debía estar aprobado y firmado por sus representantes legítimos. A pesar de conocer esta obligación, la representante presentó el 18 de diciembre de 2020 una denuncia penal en la delegación de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí, afirmando que IPICYT le debía $1,417,968.58 dólares por supuestos contratos. El argumento presentado, fue que un exempleado, de nombre Adolfo N, le había pedido una cotización, algo que no representa un contrato legal ni compromete recursos públicos.
La maniobra no paró ahí. Además de ese monto, se detectaron otros contratos presuntamente simulados, por los que Servicios de Implementación en Redes Convergentes, S.A. de C.V., buscaron cobrar $1,705,496.96 dólares adicionales. Según la información, estos bienes y servicios tienen sobreprecios de hasta el triple de su valor real y en muchos casos ni siquiera fueron localizados dentro de las instalaciones del instituto, pero la empresa, por su parte asegura haber entregado los equipos respectivos. Todo apunta a una red interna que habría facilitado la simulación para inflar la deuda y cobrar dinero público de forma fraudulenta.
Por estos hechos, además de la carpeta abierta en la Fiscalía General de la República, ahora el IPICYT presentó denuncia penal en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí en 2021, en contra de Delia N. y quien resulte responsable por el delito de fraude.
El artículo 223 fracción X del Código Penal Federal menciona que: simular actos jurídicos o contratos con perjuicio de otro es fraude, y se castiga con severidad. IPICYT exige que se investigue a fondo, pues el daño económico puede ser enorme y argumenta que el dinero público que se busca obtener, proviene del uso de documentos y actos que no tienen validez legal y por su parte la mencionada empresa, mediante una querella pretende cobrar más de tres millones de dólares al instituto.