Rodrigo Lecourtois ante la prueba de fuego
El Instituto de Fiscalización y la prueba de fuego que enfrenta ante la corrupción
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, Rodrigo Lecourtois, tiene frente a sí una verdadera prueba de fuego.
El organismo anunció que trabaja en la reactivación de diversas investigaciones por presunta corrupción, en las que están involucrados varios exdiputados locales que integraron una red para desviar millones de pesos de dinero público, originalmente destinado a apoyar a personas de escasos recursos. Uno de los implicados es José Luis Romero Calzada, quien, según los resultados preliminares, podría ser inhabilitado hasta por ocho años para ocupar cargos públicos y enfrentar denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Apenas entendió la gravedad de la situación, Romero Calzada reapareció cambiándose al Partido Verde, buscando impunidad y tratando de negociar. Cabe recordar que durante años mantuvo una fuerte rivalidad con el actual mandatario estatal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a quien incluso llegó a acusar de tener vínculos con el crimen organizado. Hoy, en busca de protección, no duda en cambiar de piel, de discurso y en convertirse en un personaje servil.
José Luis Romero Calzada, conocido como “Tecmol”, es un empresario de trayectoria cuestionable y un político camaleónico. Ha transitado por diversos partidos sin demostrar lealtad ideológica alguna, siempre al acecho del poder, del presupuesto y de las grietas del sistema. Su paso por el Congreso local dejó una estela de irregularidades: fue parte del presunto desvío de más de 40 millones de pesos a través de empresas fantasma y documentación falsa, en algunos casos firmada por personas ya fallecidas.
Pero lo más alarmante del perfil de Romero Calzada no es solo su inclinación al fraude, sino su historial delictivo y comportamiento violento. Fue detenido en 1998 por despojo de tierras en Salinas de Hidalgo, y ha sido vinculado al robo de combustible, lavado de dinero y evasión fiscal. Su expediente se parece más al de un capo que al de un servidor público. A eso se suma su actitud hostil hacia la prensa: varios periodistas potosinos han sido amenazados, agredidos e intimidados por él en distintas ocasiones.
Su persistencia en la escena política refleja el fracaso institucional para frenar a quienes ven en el poder no una responsabilidad, sino una fuente inagotable de negocios ilícitos. Por eso insistimos: el Instituto de Fiscalización Superior del Estado tiene ante sí una gran oportunidad para demostrar, de una vez por todas, de qué está hecho.