Robo y falsificacion de medicamentos impune en el sector salud
La organización Ciudadanos Observando lanzó una fuerte crítica y cuestionamientos, ahora que el Gobierno Federal reconoció públicamente la existencia de casos documentados de robo y desvío de medicamentos del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, que terminan comercializándose ilegalmente en tianguis, internet e incluso farmacias y establecimientos privados, conviene recordar que este grave problema no es nuevo.
Desde hace años, en este mismo espacio denunciamos múltiples irregularidades en San Luis Potosí, particularmente en el almacén del IMSS, donde señalamos la presunta existencia de una red dedicada al saqueo de medicamentos.
A pesar de las denuncias existentes, nunca se investigó a fondo para acabar con este negocio criminal que golpea directamente a los pacientes. Cada medicamento robado representa un tratamiento que no llega a quien lo necesita, además de un daño al patrimonio público, pues los productos adquiridos con dinero de los mexicanos desaparecen y deben comprarse nuevamente. Lo más indignante es que existen sospechas de protección desde las altas esferas de las instituciones y del poder político, donde algunos habrían encontrado una verdadera mina de oro a costa de la salud y hasta de la vida de los derechohabientes. Un negocio tan inhumano como despreciable.
Los medicamentos sustraídos ilegalmente de los almacenes del Seguro Social terminan, según las investigaciones, en manos de intermediarios sin escrúpulos que los revenden e incluso los introducen en clínicas y hospitales privados. Pero el saqueo no es el único problema. También hemos documentado y denunciado ante las autoridades correspondientes la presunta comercialización de medicamentos falsificados, conocidos como piratas, que han sido adquiridos por instituciones públicas de salud como el Hospital Central Ignacio Morones Prieto y el IMSS. Para operar este negocio, los responsables recurren a empresas fantasma, robo de identidad y creación irregular de razones sociales, con posibles complicidades que incluso alcanzarían a notarios públicos.
Estamos hablando de dos graves problemas que llevan décadas afectando al sistema de salud mexicano: el robo de medicamentos y su falsificación. Lo verdaderamente alarmante es que, después de más de siete años del llamado nuevo régimen, estas prácticas no han sido erradicadas y las redes criminales siguen encontrando espacios para operar. Los gobiernos cambian, los funcionarios van y vienen, pero el negocio permanece. Mientras tanto, miles de pacientes enfrentan la falta de medicamentos y tratamientos, sin saber que detrás del desabasto también pueden existir intereses criminales que se enriquecen con el sufrimiento ajeno.