Respuesta por tendencioso boletín del ayuntamiento de SLP
Como se ha vuelto costumbre, el Ayuntamiento de San Luis Potosí tiende a ocultar información y desviar la atención en temas importantes para la ciudadanía y ante esta opacidad, tienen que ser las organizaciones ciudadanas o los medios de comunicación quienes den a conocer las delicadas irregularidades.
Un claro ejemplo de esto, fue lo que sucedió con 27 unidades que terminaron su periodo de arrendamiento y el oscuro ayuntamiento mantuvo oculto que habían sido compradas en noviembre de 2024 y que durante meses han estado circulando de manera ilegal, debido a que una persona se presentó en una oficina recaudadora para darlas de baja. Todas estas ilegalidades detonaron, tras verse involucrado en un accidente de tránsito el secretario del ayuntamiento Fernando Chávez que circulaba con una unidad que tiene reporte de robo de placas y tarjeta de circulación en el estado de México y luego, fue dada de baja en una recaudadora de Avenida Muñoz. Además, existen pruebas que esa unidad fue dada de alta en su momento, con documentos que se presumen apócrifos y que el síndico municipal teniendo pleno conocimiento, encubrió y no ha mencionado dolosamente.
Cuestionamos el proceder el alcalde Enrique Galindo que en lugar de ser responsable y meter al orden a sus funcionarios, permite que engañen a la opinión pública con el fin de encubrir sus actos ilegales y de forma por demás irresponsable, salgan con tendenciosos boletines intentando “justificar” sus malas acciones con señalamientos desgastados y ridículos en contra de quien los ha dejado en varias ocasiones evidenciados y siempre con las pruebas en las manos. Igual que lo han intentado hacer otros políticos corruptos que al final quedan al descubierto y el tiempo pone a cada quien en su lugar.
Públicamente denunciamos que el síndico Víctor Hugo Salgado sea tan irresponsable y carente de comprensión lectora, cuando en nuestra publicación de ayer 7 de mayo claramente publicamos que: “el ayuntamiento nos informó que había puesto una denuncia penal en la FGE tras detectar que 27 unidades habían sido dadas de baja irregularmente”. Por lo tanto, quien actúa de manera dolosa y trata de evadir la responsabilidad de los antecedentes corruptos de estas unidades es el. ¿Por qué no ha dicho absolutamente nada de las graves anomalías relacionadas con la camioneta oficial que tiene asignada el secretario general Fernando Chávez?
Lo que molesta al ayuntamiento de San Luis Potosí, es que la ciudadanía los vigile, exhiba y cuestione, ya que nosotros, mantenemos nuestras fundadas sospechas, que existía un plan para que esas 27 unidades “dadas de baja por un extraño” terminaran posiblemente en propiedad de mismos funcionarios municipales.
Finalmente, como parte del abuso a los recursos públicos, una de las unidades que ha circulado ilegalmente con placas dadas de baja, es el director de comunicación social, Eduardo Marceleño, que, con información oficial, ha tenido bajo su responsabilidad una camioneta Jac Friscton T6. Esta unidad para el lujo y comodidad de este servidor público les ha costado a los potosinos 989 mil pesos. Derivado de una renta mensual de 32 mil 964 pesos por 24 meses como parte del contrato de arrendamiento con la cuestionada empresa Casanova Vallejo y luego otros 198 mil 225 pesos porque el ayuntamiento decidió comprarla. Esta misma camioneta en 2022 tenía un costo de 345 mil pesos si se hubiera comprado en la agencia de contado.