Quince años de impunidad: el caso Eduardo Córdova sigue sepultado por el silencio oficial
Quince años de impunidad: el caso Eduardo Córdova sigue sepultado por el silencio oficial
Han pasado quince años desde que el 25 de junio de 2010 el Juzgado Tercero Penal en San Luis Potosí libró una orden de aprehensión contra el exsacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de violación, abuso sexual calificado y privación ilegal de la libertad. Quince años de evasión, silencio institucional y justicia ausente. Córdova Bautista sigue prófugo. La impunidad, intacta.
Son ya cuatro fiscales y todo sigue igual. Ninguno ha logrado (o querido) llevar a este hombre ante un juez. Miguel Ángel García Covarrubias bajo el gobierno de Fernando Toranzo Fernández; Federico Garza Herrera durante todo el sexenio de Juan Manuel Carreras; José Luis Ruíz Contreras; y ahora Manuela García Cázares, a la mitad del mandato de Ricardo Gallardo Cardona. Todos distintos nombres, pero el mismo resultado: inacción.
¿Es incapacidad o complicidad? La pregunta es inevitable cuando el expediente Córdova parece estar blindado por una red de protección política y social. El exsacerdote no era un actor cualquiera. Infiltró círculos de poder en San Luis Potosí, cultivó relaciones con empresarios influyentes, y fue nombrado consejero ciudadano de Transparencia y Vigilancia en la administración del entonces gobernador priista Fernando Toranzo Fernández. Su cercanía con Toranzo y su esposa, la doctora María Luisa Ramos, fue bien conocida.
Interpol lo busca, los expedientes existen, las víctimas han hablado. Sin embargo, las fiscalías se reciclan, se excusan y se desgastan sin ningún avance tangible. Mientras tanto, Córdova Bautista parece haberse desvanecido. Su ausencia física contrasta con una presencia espectral en la vida de quienes lo acusan, que siguen esperando justicia.
La maquinaria judicial ha demostrado eficacia solo cuando se trata de perseguir enemigos incómodos para el poder. En cambio, frente a un caso como este, plagado de pruebas, testimonios y antecedentes públicos, la respuesta ha sido el silencio, la indiferencia, la parálisis.
Quince años después, no solo sigue impune un presunto agresor con múltiples denuncias; también persiste el dolor de las víctimas, que han sido doblemente violentadas: primero por su agresor, y luego por un sistema que no tuvo —o no quiso tener— el valor de protegerlas y defenderlas.
Porque el caso Eduardo Córdova no es solo el reflejo de un individuo que logró evadir la justicia. Es, sobre todo, un retrato descarnado de cómo las instituciones pueden traicionar a quienes más las necesitan.