Por el caso Casanova Vallejo en Sinaloa ya hubo acciones contundentes, en SLP impunidad
En Sinaloa, la empresa Casanova Vallejo enfrenta consecuencias legales por su implicación en esquemas de corrupción en los municipios de Ahome y Culiacán. En Ahome, un contrato de arrendamiento por 171 millones de pesos, triangulado a través de Grinleasing SAPI de CV, llevó al desafuero del alcalde Gerardo Vargas Landeros y del exsecretario de Gobierno Genaro García Castro, hoy diputado local. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado documentó que Grinleasing, sin capacidad operativa, subarrendó el contrato a Casanova Vallejo, empresa inhabilitada desde 2022 por irregularidades con el ISSSTE. Este modelo se replicó en Culiacán con un contrato de 117 millones de pesos para el arrendamiento de camiones de basura, también triangulado y con vehículos propiedad de Casanova Vallejo.
A pesar de las sanciones, Casanova Vallejo logró revertir su inhabilitación mediante un amparo, permitiéndole continuar obteniendo contratos públicos. Entre 2022 y 2025, firmó 84 convenios con dependencias federales por más de 519 millones de pesos. Esta situación evidencia las debilidades en los mecanismos de fiscalización y contratación del país, permitiendo que empresas con antecedentes de corrupción sigan operando en el sector público.
En contraste, en San Luis Potosí, una investigación de la organización Ciudadanos Observando titulada “Corrupción sobre ruedas”, reveló el intento de desaparecer una flotilla de 27 vehículos municipales el 6 de diciembre del 2024, dados de baja ilegalmente por personas que tenían todos los datos de esas unidades y que además un día antes, reportaron las placas y tarjetas de circulación como extraviadas en la ciudad de México. Tres meses después, en marzo de 2025 y tras darse a conocer la mencionada investigación, el ayuntamiento puso una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado solo por el delito “contra la identidad de las personas”. La Secretaría de Finanzas, por su parte, informó que las unidades habían sido dadas de baja por un particular sin autorización oficial y que abrió una investigación administrativa. Sin embargo, hasta la fecha, no se han reportado avances significativos en la investigación ni sanciones a los responsables.
Este contraste entre Sinaloa y San Luis Potosí resalta la disparidad en la respuesta institucional ante casos de corrupción. Mientras en Sinaloa se han tomado acciones legales contra funcionarios y empresas implicadas, en San Luis Potosí el caso permanece sin resolverse, evidenciando la pasividad de quienes imparten justicia.
Información de referencia: www.proceso.com.mx/nacional/2025/5/7/casanova-vallejo-la-red-de-corrupcion-que-alcanzo-ahome-culiacan-350712.html