Oficial Mayor del Ayuntamiento de SLP tiembla por anuncio del IFSE
Una fuente al interior del Ayuntamiento de San Luis Potosí, nos reveló que el oficial mayor Salvador Moreno Arellano, está sumamente nervioso y preocupado, luego que el IFSE advirtiera cárcel para funcionarios que recurran a proveedores “fantasma”.
Ese nerviosismo e intranquilidad tienen una razón, recordemos que, a la actual administración municipal en total complicidad con la contraloría interna, se le han detectado diversas razones sociales que presuntamente han simulado operaciones y otras más son fantasmagóricas, ya que al visitar el domicilio fiscal no existe o claramente se muestra que no son realmente empresas, si no posiblemente “factureros”.
Por medio de estos fantasmagóricos proveedores se han pagado millones y millones de pesos de dinero público y debe realizarse una investigación seria y fondo, porque según lo dicho por el propio Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), asegura que reforzó la revisión de proveedores durante las auditorías a las Cuentas Públicas 2025, ante el riesgo de que funcionarios recurran a empresas utilizadas para simular operaciones y justificar gastos inexistentes.
Igualmente, el instituto fiscalizador explicó que las llamadas empresas “fantasma” o “factureras” representan un riesgo para los recursos públicos, por lo que forman parte de las verificaciones realizadas durante los procesos de fiscalización.
La oficialía mayor por medio de comité de compras y adquisiciones está bajo la lupa, ya que se han detectado muchos procesos amañados, simulaciones de competencia y de forma descarada y burda, se han utilizado empresas fantasmas para “competir entre ellos”.
La tensión y ansiedad del cuestionado oficial mayor es lógica, porque además de las delicadas situaciones detectadas por el IFSE tiene temor que se venga diversas denuncias ciudadanas por las causas ya señaladas, ya que han sido millonarias cifras las que se han pagado presuntamente a empresas fantasma y simuladoras de operaciones.
Es importante enfatizar que, cuando se comprueba que un recurso público fue pagado por un bien o servicio que nunca existió, el daño patrimonial debe ser reparado mediante la devolución del dinero.