Nada se sabe de los 32 mdp entregados en maletas a la Secretria de Salud de SLP

En el proceso penal que llevó a prisión a Miguel Ángel Lutzow Steiner, exsecretario de Salud de San Luis Potosí, dos testigos declararon que el representante legal de la empresa Public Health Supply and Equipment de México S.A. entregó 32 millones 732 mil pesos en efectivo, transportados en cuatro maletas deportivas.

Sin embargo, en sus declaraciones iniciales, ninguno de esos testigos afirmó que el doctor Lutzow hubiera tomado ese dinero. A pesar de ello, fue declarado culpable y sentenciado como coautor en la presunta compra simulada de un plaguicida realizada en 2020 con dicha empresa. En los hechos, terminó siendo quien pagó los platos rotos, mientras que la titular de los servicios de salud intocable en este caso.

La semana pasada, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito ordenó anular el fallo condenatorio. La decisión abre una pregunta inevitable: si Lutzow no fue señalado directamente como quien recibió o se llevó el dinero, ¿quién lo hizo?
¿Quién se quedó con esos más de 32 millones de pesos? ¿Quién o quiénes se beneficiaron de este grave acto de corrupción? ¿Por qué ese dinero público desapareció sin que hasta ahora exista una sanción clara contra quienes realmente pudieron haberlo recibido?

Conviene recordar lo que dijeron los testigos durante el juicio, con base en información documentada por el periodista José Ortiz, de Astrolabio Diario Digital, quien estuvo presente en diversas audiencias.
Patricia “N”, subdirectora administrativa de la Secretaría de Salud, declaró que el 28 de mayo de 2020 se realizó una reunión en la Coepris. Según su testimonio, estuvieron presentes Mónica N; Miguel Ángel Lutzow Steiner; Emmanuel “N”, subdirector operativo en Salud; Francisco “N”, secretario particular de Mónica N; Adrián “N”, esposo de la entonces titular de Salud; y Juan Francisco “N”, exjefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector de la Secretaría de Salud.

Poco después, añadió, llegó Jorge Fernando “N”, apoderado de Public Health Supply, acompañado de dos personas. De acuerdo con la testigo, estas personas cargaban cuatro maletas, que colocaron sobre la mesa de la sala de juntas. El apoderado le habría dicho a la doctora Mónica Rangel que en las maletas venía dinero en efectivo y que se trataba del reintegro del contrato celebrado en abril.

Patricia “N” declaró que Adrián “N”, esposo de la doctora, se puso de pie, se acercó a las maletas y las abrió para revisarlas. Entonces, dijo, pudo observar que efectivamente contenían dinero en efectivo, en billetes de distintas denominaciones.

Por su parte, Francisco “N”, secretario particular de Mónica Rangel, declaró que ese mismo 28 de mayo de 2020 hubo una reunión en Coepris para la devolución de los 32 millones 732 mil pesos. Señaló que en el encuentro estuvieron Mónica N, Miguel Ángel Lutzow, Emmanuel “N”, Adrián “N” y Patricia “N”.

También afirmó que Jorge Fernando “N”, apoderado de Public Health, llegó acompañado de dos hombres a quienes no había visto antes. Según su declaración, cargaban cuatro maletas deportivas de color negro, que fueron colocadas sobre la mesa de la sala de juntas. El apoderado habría manifestado a Mónica N que ahí llevaba el reintegro del dinero acordado por el contrato de abril.

Francisco “N” agregó que Adrián “N” se acercó a la mesa y revisó una por una las maletas. Al abrirlas, dijo, se apreciaban fajos de billetes.
No obstante, en septiembre de 2024, Francisco “N” modificó su declaración y añadió que el doctor Lutzow abrió la maleta que se encontraba a un costado de él. Ese cambio resulta relevante, sobre todo porque no coincide plenamente con lo dicho en su primera versión.

El punto central es que, durante el juicio, nunca se detalló ni se acreditó con claridad quién se llevó el dinero contenido en las cuatro maletas. Sólo uno de los testigos mencionó que, presuntamente, esos recursos serían destinados a la campaña política de Mónica Rangel, quien posteriormente fue candidata al gobierno estatal.

Aun así, hasta ahora no se ha sancionado a quienes pudieron haberse beneficiado directamente con esos recursos públicos. En cambio, todo el peso de la ley recayó sobre Lutzow Steiner, mientras que la entonces titular de los Servicios de Salud y personas de su círculo cercano quedaron fuera del centro de la responsabilidad penal.