Monica Rangel y gobierno de SLP ante nuevo montaje teatral
Mónica Rangel: ¿otro montaje para aparentar justicia?
La Contraloría General del Estado abrió el procedimiento de responsabilidad administrativa CGE/OIC-SSSLP/EPRA/001/2026 contra Mónica Rangel Martínez, exsecretaria de Salud de San Luis Potosí. La noticia podría parecer una nueva ofensiva contra la corrupción. Sin embargo, el antecedente nos obliga a desconfiar de los reflectores: en 2022 también hubo detención, acusaciones, cárcel y una sentencia que terminó con la exfuncionaria recuperando su libertad sin haber estado realmente en la cárcel después de cubrir 22 millones de pesos. Cuatro años después, el riesgo es que estemos frente a nuevo montaje teatral para simular que lo sucedido en los servicios de salud no quedó impune.
Según la notificación publicada en el Periódico Oficial, no pudo localizarla en los domicilios registrados, por lo que tuvo que emplazarla públicamente. La exfuncionaria está citada para comparecer el próximo 13 de octubre. Es decir, Mónica Rangel vuelve al escenario público como presunta responsable de una nueva irregularidad administrativa.
La realidad es que solo es mucho ruido alrededor de Rangel, pero pocas respuestas sobre el enorme quebranto que durante años se ha señalado en los Servicios de Salud y que puede superar los mil millones de pesos. La red de corrupción que operó ahí, sigue sin combatirse a fondo.
Lo más grave, es que ahora la contraloría vuelve a concentrar la atención en Rangel con una posible sanción administrativa, pero no olvidemos que permanece prácticamente impune el quebranto en los Servicios de Salud durante su administración, una cantidad muy distante de los 22 millones por los que fue procesada. Es indispensable precisar que no existe una sentencia que responsabilice personalmente a Rangel por un quebranto de mil millones; sin embargo, eso no elimina la obligación de las autoridades de explicar qué ocurrió con las denuncias, observaciones y posibles irregularidades acumuladas durante aquellos años. ¿Cuánto dinero fue realmente observado, cuánto se recuperó, qué investigaciones siguen abiertas y quién respondió por el resto? La respuesta es muy clara y sabemos que la “herencia maldita” tiene un enorme manto protector.
Por eso este nuevo procedimiento administrativo corre el riesgo de parecer la repetición de una obra teatral que los potosinos ya vieron. Primero aparecen los anuncios, los expedientes y los reflectores; después, cuando disminuye la atención pública, los grandes cuestionamientos quedan pendientes. Si la Contraloría tiene elementos contra Mónica Rangel, debe explicar con claridad qué conducta se le atribuye, cuándo ocurrió, cuánto dinero está involucrado y por qué el procedimiento llega hasta 2026. De lo contrario, volver a exhibir a la exfuncionaria sin esclarecer el enorme entramado financiero que rodeó a los Servicios de Salud únicamente alimentará la percepción de que se busca producir un nuevo golpe mediático, pero no necesariamente llegar al fondo del manejo del dinero público.