Margarito Terán quiere más de 2 mil millones de pesos

DENUNCIA CONTRA MARGARITO TERÁN: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS 2 MIL MILLONES DE PESOS?
Nos entrevistamos con personas directamente relacionadas con el transporte urbano de San Luis Potosí, con la finalidad de conocer qué hay detrás de la insistente exigencia de Margarito Terán López, quien pretende que el Gobierno del Estado entregue más de 2 mil millones de pesos de dinero público al pulpo camionero, bajo el argumento de que el transporte público ya no es negocio.
Los entrevistados, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad, aseguran estar cansados de los engaños a la ciudadanía por parte de quien se dice líder de los permisionarios y lanzan dos cuestionamientos: si el transporte urbano genera tantas pérdidas, ¿por qué siguen en el negocio? ¿Cómo es que han logrado sobrevivir durante tantos años?
Durante el sexenio de Fernando Silva Nieto, el entonces mandatario estatal obligó a los permisionarios a constituirse como empresas. Sin embargo, los denunciantes aseguran que solamente tres operan realmente como tales: Transportes Tangamanga, Transportes San José y Soledad. En el resto, cada socio sigue administrando sus propios autobuses y manejando sus ingresos de manera individual. Acusan, además, que no todos los choferes están inscritos en el Seguro Social ni se declara la totalidad de los ingresos ante el SAT.
También recordaron que, durante la administración de Gonzalo Martínez Corbalá, el Gobierno del Estado entregó autobuses a los permisionarios que, según sus testimonios, jamás fueron pagados. Es decir, no sería la primera ocasión en que los empresarios del transporte buscan beneficiarse con recursos públicos.
Pero ¿qué hay detrás de la insistencia de Margarito Terán por obtener dinero del gobierno? Los denunciantes aseguran que parte del problema tiene su origen en los problemas financieros de sus propios negocios.
Uno de ellos es Grupo Profesional de Transporte Mare Nostrum, S.A. de C.V., empresa creada para ofrecer el servicio de taxis de plataforma, con un proyecto de inversión de 253 millones de pesos y un capital inicial de 10.5 millones de pesos. Según los entrevistados, el financiamiento para la adquisición de 270 vehículos fue autorizado por Financiera Sustentable (Finsus), fundada por Carmen Patricia Armendáriz Guerra. Sin embargo, solamente se habrían adquirido cien unidades, cuyo financiamiento no habría sido liquidado en su totalidad.
Otro de los negocios cuestionados es Impacto Total del Transporte, empresa constituida el 27 de marzo de 1998 y encargada de administrar las tarjetas de prepago de una buena parte de las unidades del transporte urbano. Los propios camioneros denuncian presuntos abusos económicos en su operación, pero reconocen que pocos se atreven a denunciarlos públicamente.
A estos negocios se suma MAGOCAM, empresa dedicada al transporte de personal y administrada, según los testimonios, por un hijo de Terán, así como otra empresa de transporte urbano y suburbano que enfrentaría serios problemas financieros, pero que continúa ofreciendo el servicio con unidades demasiado viejas.
Ante estos señalamientos, el Gobierno del Estado está obligado a realizar una auditoría a fondo de las empresas del transporte urbano, revisar sus ingresos, gastos, obligaciones fiscales y laborales, así como la operación del sistema de prepago, antes de considerar la entrega de un solo peso.
Los potosinos no tienen por qué pagar los fracasos empresariales del pulpo camionero. Sería inadmisible que el Gobierno del Estado termine utilizando más de 2 mil millones de pesos del erario para rescatar negocios particulares. El dinero público no puede convertirse en el salvavidas financiero de Margarito Terán y compañía.