Malos comisionados, responsables del descrédito de la CEGAIP
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) de San Luis Potosí arrastra hoy un profundo desprestigio. No es producto de una campaña en su contra, sino de las decisiones, omisiones y conductas de algunos comisionados que, lejos de defender el derecho ciudadano a saber, contribuyeron a debilitar, desacreditar y desfigurar al organismo.
La CEGAIP nació para combatir la opacidad, obligar a las autoridades a rendir cuentas y proteger el acceso a la información. Sin embargo, durante años dio la impresión de actuar como una institución subordinada al poder político. En vez de incomodar a los gobiernos con resoluciones firmes, terminó siendo señalada por tolerar incumplimientos, retrasar procedimientos y cerrarles el paso a ciudadanos que exigían información pública.
Tampoco debe olvidarse la actuación del excomisionado David Menchaca Zuñiga, conocido con el “virrey de la Cegaip” quien fue objeto de graves cuestionamientos por presuntamente ocultar o falsear información, desechar recursos que podían resultar procedentes y derrochar miles y miles de pesos de recursos públicos en gastos de bares y restaurantes de lujo. Pese a la gravedad de los señalamientos, hasta ahora no se conoce una sanción proporcional ni una explicación pública suficiente que permita aclarar completamente su actuación.
La situación actual tampoco resulta alentadora. Los actuales comisionados José Gerardo Navarro Alviso y Ana Cristina García Nales parecen más preocupados por conservar un espacio dentro de la burocracia que por defender a la ciudadanía. Sus resoluciones han sido cuestionadas por rechazar recursos de queja que, a juicio de los solicitantes, debieron ser analizados con mayor seriedad. Además, resulta contradictorio que quienes están obligados a garantizar la transparencia también sean acusados de resistirse a entregar información relacionada con su propio desempeño.
La sospecha es inevitable: ante la desaparición de la CEGAIP y la creación de un nuevo modelo de transparencia dependiente de la Contraloría estatal, ambos comisionados buscarían mostrarse complacientes con el Poder Ejecutivo, el Congreso y los partidos políticos para conseguir un lugar en la nueva estructura. De confirmarse esta conducta, no estaríamos ante simples errores administrativos, sino frente a funcionarios que utilizaron un organismo ciudadano como plataforma para proteger sus intereses personales.
Sería injusto, sin embargo, responsabilizar a todo el personal de la CEGAIP. Dentro de la institución existen trabajadores profesionales, comprometidos y respetuosos de la legalidad, que han sostenido el funcionamiento del organismo pese a sus malos dirigentes. A ellos debe reconocerse su entrega. Lamentablemente, la irresponsabilidad y los cuestionamientos que rodean a ciertos comisionados terminaron por manchar la imagen de una institución que fue creada para vigilar al poder, no para servirle.