Las declaraciones patrimoniales públicas: un gran engaño.

Las declaraciones patrimoniales públicas: un gran engaño.
Desde su creación, las declaraciones patrimoniales públicas de los servidores públicos en México fueron anunciadas como una herramienta clave para combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas. Sin embargo, el discurso oficial nunca ha estado a la altura de la realidad. Lejos de ser una muestra clara del patrimonio de quienes ocupan cargos en el poder, estas declaraciones han servido más como un ejercicio de simulación, plagado de vacíos legales, omisiones estratégicas y mecanismos para disfrazar la riqueza real de los funcionarios.
 

Uno de los vacíos más evidentes en la ley es que permite que los bienes registrados a nombre del servidor público en copropiedad con cónyuges o hijos no tengan que ser obligatoriamente declarados. Así, cualquier servidor público puede adquirir propiedades o vehículos de alto valor a nombre de su pareja o descendientes y, legalmente, no está obligado a informar al respecto. Esta grieta legal ha sido aprovechada sistemáticamente por políticos de todos los niveles, convirtiendo la supuesta transparencia en una simple formalidad sin impacto real.
 

A lo anterior se suma el uso de prestanombres, una práctica común en la clase política mexicana para ocultar la verdadera magnitud de su patrimonio. Mientras en papel aparece un modesto sueldo como funcionario, en la realidad muchos disfrutan de lujos y estilos de vida que no corresponden a sus ingresos declarados. Casas, empresas, cuentas bancarias e incluso autos de lujo aparecen a nombre de terceros, burlando con facilidad cualquier intento de fiscalización real.
 

Por todo ello, las declaraciones patrimoniales públicas no solo han fracasado como instrumento de rendición de cuentas, sino que hoy representan un símbolo de la impunidad institucionalizada. El problema no radica únicamente en lo que los funcionarios están obligados a declarar, sino en lo que la ley les permite ocultar sin consecuencias. Mientras no haya una reforma profunda que obligue a declarar el patrimonio completo, incluyendo bienes indirectos y familiares, hablar de transparencia seguirá siendo un simple acto de propaganda.