La ruta de la corrupción: así intentaron desaparecer 27 vehículos del Ayuntamiento de San Luis Potosí

Dando seguimiento a la investigación sobre el irregular procedimiento de baja de 27 vehículos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, la evidencia se ha fortalecido y nuevos datos arrojan luz sobre un entramado aún más complejo y sospechoso.

Durante la administración de Enrique Galindo Ceballos, el Ayuntamiento favoreció a la empresa Casanova Vallejo con el contrato de arrendamiento No. DAAS/163/2022 por 42 unidades durante dos años. Estas unidades, al final, representaron un sobreprecio del 57 % respecto a su valor real. Cabe recordar que esta misma empresa fue inhabilitada por 45 meses por la Secretaría de la Función Pública tras vender ambulancias al IMSS con precios inflados.

Al concluir el contrato en septiembre de 2024, el Ayuntamiento decidió adquirir 27 de esas unidades —entre ellas, automóviles Chevrolet Aveo, MG Excite CVT y camionetas JAC Frison de origen chino—. Entre el 22 y 29 de noviembre de ese año, la administración municipal realizó el trámite de cambio de propietario ante la Secretaría de Finanzas estatal, la cual emitió nuevas placas y tarjetas de circulación a nombre del municipio.

No obstante, el 5 de marzo de 2025, el Ayuntamiento difundió el boletín oficial CSA_0914, donde aseguró en su cuarto párrafo:

“Luego de concluido el contrato de arrendamiento, se optó por la compra establecida en el mismo, a un precio preferencial por debajo del valor de mercado estipulado en el libro azul. En tal sentido, la flotilla de 42 vehículos pasó a ser propiedad de este Ayuntamiento.”

Esa afirmación es falsa. Con documentos entregados por el propio Ayuntamiento, se confirma que solo se adquirieron 27 unidades bajo el siguiente esquema de pago:

$121,000 por cada Chevrolet Aveo 1.5 TM

$142,649 por cada MG Excite CVT

$224,099 por cada camioneta JAC Frison T8

$198,224 por cada camioneta JAC Frison T6

Inicialmente, la administración municipal también declaró que solo una camioneta —la pick-up JAC Frison GML con placas TL-4869-H, asignada al secretario Fernando Chávez Méndez y que estuvo involucrada en un accidente vial— presentaba inconsistencias. Sin embargo, existen pruebas documentales que demuestran que las 26 unidades restantes también presentan irregularidades.

Una figura clave en esta operación es Nely Elizabeth García Ramos, con domicilio en la Ciudad de México, quien el 6 de diciembre de 2024 se presentó en la oficina recaudadora de Avenida Muñoz para dar de baja los 27 vehículos ya registrados como propiedad del Ayuntamiento. Lo hizo sin presentar documentación legal que acreditara su facultad para realizar el trámite. A pesar de ello, personal de la recaudadora lo autorizó.

Lo más grave es que un día antes, el 5 de diciembre, esta misma persona denunció en línea ante la FGR un supuesto extravío de placas y tarjeta de circulación de la camioneta usada por Fernando Chávez, desde Tlalnepantla, Estado de México. En el acta constitutiva de Casanova Vallejo aparece un Mario Benjamín García Ramos, quien curiosamente comparte ambos apellidos con Nely Elizabeth.

Para el alta vehicular de la flotilla el 15 de noviembre de 2022, se utilizó una credencial del INE a nombre de Pedro Víctor Trejo García, con domicilio en la Ciudad de México. Esta dirección coincide con un comprobante de la CFE registrado en San Luis Potosí, con la misma calle y número. Todo apunta a que se usó documentación apócrifa.

Otro involucrado es Emanuel Abraham Martínez Ramos, quien se presentó en la Tesorería municipal para gestionar los recibos de no infracción de las unidades.

Elba Adriana Escalante, coordinadora de servicios generales de la Oficialía Mayor, compartió con nosotros un correo electrónico dirigido a Miguel Flores, gerente de operación leasing de Casanova Vallejo. En él le solicitó que confirmara si Pedro Víctor Trejo García y Nely Elizabeth García Ramos fungían como gestores o representantes de la empresa. La respuesta fue evasiva: se limitó a señalar que se trató de un “error” y que no se percataron de que los vehículos ya eran propiedad del Ayuntamiento.

Estos hallazgos configuran una red de corrupción alrededor de un arrendamiento que representó millones en sobreprecios para los potosinos. El Ayuntamiento ocultó y falseó información y minimizó los hechos, primero asegurando que solo una unidad tenía irregularidades, luego comprobándose que eran 27. También afirmó haber comprado 42 vehículos, cuando solo fueron 27, los cuales fueron dados de baja ilegalmente por una persona externa.

Demasiadas anomalías, omisiones y actos ilícitos desde el origen del contrato hasta la baja de las unidades, en colusión con personal de la oficina recaudadora de Finanzas del gobierno estatal en Avenida Muñoz. La pregunta evidente es: ¿cuál era el verdadero destino de estos vehículos? Actualmente estas unidades circulan de manera ilegal.

Frente a estas revelaciones, la respuesta del Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo, a través de su director de Comunicación Social, Eduardo Marceleño Alonso, ha sido atacar. En lugar de asumir responsabilidad, han emprendido una campaña de calumnias contra la organización Ciudadanos Observando y su vocero.

La investigación sigue. Continuaremos documentando y publicando pruebas. A pesar de los ataques y amenazas, no retrocederemos. Esto aún tiene mucho que revelar, y lo haremos público, como siempre.