La muerte cívica de una ciudadana
La muerte cívica de una ciudadana
Karla Estrella Murrieta, ama de casa y ciudadana de Hermosillo, Sonora, hoy enfrenta consecuencias graves por haber expresado su opinión en la red social X. La candidata a diputada federal por Hermosillo —representante del PT, Morena y Partido Verde— Diana Karina Barreras, interpretó sus palabras como “violencia política de género” y presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral, que, actuando como una nueva “Santa Inquisición”, decidió sancionarla, humillarla y aplicarle una especie de muerte cívica.
El Tribunal resolvió que Karla incurrió en violencia política de género contra la ahora diputada. Sin embargo, poco se ha dimensionado la violencia institucional a la que Karla ha sido sometida desde el 19 de junio de 2025, cuando se hizo pública la sentencia y se le obligó a pedir disculpas diariamente durante 30 días.
Las consecuencias han sido desproporcionadas. Karla no podrá trabajar en el sector público por dos años, ni figurar como proveedora de servicios, y su visa está en riesgo por haber sido fichada como “violentadora”. Estará en esta lista negra hasta junio de 2027. Esta sanción no solo la margina institucionalmente, sino que la estigmatiza públicamente, condenándola a una forma moderna de destierro ciudadano.
En entrevistas, Karla ha relatado lo que implica ser tratada como enemiga del Estado por expresar una opinión. Ha hablado del impacto en su vida, de la rapidez con la que fue sancionada y etiquetada, y del peso de portar una marca semejante a una letra escarlata moderna. No puede trabajar, no puede salir del país, y todo por una publicación en redes sociales.
Mientras tanto, la clase política insulta impunemente
Los candidatos y políticos pueden insultar, calumniar y discriminar a ciudadanos o periodistas sin consecuencias. La ley no los toca. En cambio, los Tribunales Electorales se han enfocado en castigar a la ciudadanía por opinar. ¿Es esto justicia?
Estas leyes, creadas por y para la partidocracia, están diseñadas para reprimir la libertad de expresión de quienes no están en el poder. Y no es una afirmación sin sustento. El caso de José Luis Romero Calzada en San Luis Potosí lo ilustra con claridad: como candidato, agredió físicamente a jóvenes, insultó a mujeres de la Huasteca y atacó verbalmente a periodistas. No fue sancionado. ¿La razón? No está tipificado como delito en los términos requeridos. Es decir, los políticos pueden agredir sin castigo, pero una ciudadana como Karla sí puede ser condenada por un tuit.
Gente con antecedentes delictivos puede ser candidata
Esto revela lo absurdo y contradictorio del sistema legal electoral. Hay delitos que sí inhabilitan de forma permanente para ocupar cargos públicos. Son delitos dolosos relacionados con:
• Homicidio, feminicidio, lesiones graves.
• Violación, abuso sexual, hostigamiento.
• Violencia política de género.
• Corrupción de menores, pornografía infantil.
• Violencia familiar.
• Violación a la intimidad sexual (como la ley Olimpia).
• Ser deudor alimentario moroso, si hay declaración judicial.
Pero, sorprendentemente, quien ha cometido delitos como corrupción, robo, fraude, extorsión, delitos electorales, narcotráfico o delitos ambientales, sí puede ser candidato una vez que ha cumplido su sentencia. La ley le restaura sus derechos políticos.
Es decir: un corrupto, un narcotraficante, un extorsionador puede contender por un cargo público. Pero una ciudadana que opinó en redes sociales y fue señalada de violencia política, es castigada con una muerte cívica durante dos años.
Una advertencia para la sociedad
El caso de Karla Estrella no es anecdótico. Es un precedente alarmante. Si no se actúa ahora, si no se exige una reforma a estas leyes hechas a modo por la clase política, este tipo de sanciones se volverán frecuentes. Lo que hoy se presenta como defensa de los derechos de las mujeres puede convertirse en un arma para silenciar a la ciudadanía crítica y a los periodistas incómodos.
Este no es un caso de violencia política. Es violencia del poder contra una ciudadana.