La Comisión Estatal de Derechos Humanos de SLP en pausa
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí está bajo una fuerte crítica por hacer muy poco en un momento en el que debería estar más activa que nunca. Tiene más de 500 quejas acumuladas y solo ha emitido tres recomendaciones. El dato es grave porque incluso durante la pandemia, cuando muchas oficinas públicas trabajaban a medio ritmo, la Comisión emitió muchas más. Hoy, con desapariciones, violencia, abusos de autoridad y familias buscando respuestas, su actuación parece casi invisible.
La molestia crece porque la institución sí parece tener tiempo para publicar en redes sociales, hacer infografías y sumarse a fechas conmemorativas, pero no para dar resultados fuertes y claros. La crítica no es contra comunicar, sino contra usar la comunicación como fachada cuando las víctimas siguen esperando atención real. Y todo esto cuesta cerca de 40 millones de pesos al año, una cantidad difícil de defender cuando el trabajo más importante, que es señalar abusos y proteger a la ciudadanía, casi no se ve.
Este caso también muestra un problema más grande: muchas comisiones de derechos humanos han dejado de incomodar al poder como la de San Luis Potosí. En teoría, deberían defender a las personas frente a los abusos de las autoridades. Pero cuando una institución prefiere no meterse en problemas, deja de servirle a la gente y empieza a parecer una oficina más del gobierno. Una comisión sin valor para enfrentar al poder termina siendo solo un edificio caro, con discursos bonitos, pero sin fuerza real.
También hay responsabilidad política. El Congreso del estado en voz del diputado Marco Gama Bazarte ahora pide explicaciones, pero durante años permitió que la situación llegara a este punto. La crisis no apareció de repente. Mientras tanto, detrás de cada expediente detenido hay personas desaparecidas, familias dañadas y ciudadanos que esperaban ayuda. Por eso la crítica es tan dura: la Comisión parece haberse convertido en una institución cara, lenta y cómoda, más dedicada a cuidar su imagen que a defender derechos humanos.