José Luis Romero se burla de la ley y sigue repartiendo despensas oficiales
José Luis Romero Calzada, político con amplio historial de escándalos, vuelve a ser protagonista por violaciones a la ley y a la ética. Esta vez, ha quedado al descubierto su uso abierto y cínico de programas sociales en la huasteca potosina con fines electorales.
El pasado 24 de junio, el propio Romero Calzada publicó en sus redes sociales que estaría repartiendo 10 mil despensas proporcionadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), presumiendo que fueron enviadas por el mandatario Ricardo Gallardo.
Vale la pena recordar quién es Romero Calzada. Se trata de un personaje con un historial criminal significativo: ha estado preso por fraude y ha sido denunciado por la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero, robo de combustible y evasión fiscal. Ha cambiado de partido político en múltiples ocasiones, buscando impunidad y protección. Hasta hace pocos meses, tramitaba amparos para evitar ser detenido. Hoy, desde el Partido Verde, continúa cometiendo irregularidades, como el uso de recursos públicos con fines políticos.
Ante las recientes denuncias, tanto María del Rosario Martínez Galarza, titular de Sedesore, como el mandatario Gallardo Cardona intentaron deslindarse, asegurando que “los programas sociales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí se otorgan de manera directa a las personas beneficiarias, sin intervención de terceros y sin fines distintos a los sociales.”
Sin embargo, los hechos contradicen sus palabras. Hace apenas unos días, se documentó la llegada de un camión a Ciudad Valles con otras 10 mil despensas, descargadas en una bodega que, según diversas versiones, pertenece a Romero Calzada. A pesar de la ilegalidad, él continúa alardeando en redes sociales del reparto de apoyos sociales, claramente dirigidos a apuntalar su candidatura con el Partido Verde, el mismo partido que ostenta el récord de sanciones por violaciones a la ley electoral en México.
La complicidad institucional es evidente. El uso electoral de programas sociales no solo es inmoral, es un delito. Y en este caso, no se trata de un exceso aislado, sino de una estrategia sistemática que las autoridades simulan desconocer, pero en los hechos toleran.