Jorge Grimaldo Limón recibió directamente 42.5 mdp

Jorge Grimaldo Limón ex Director General de Infraestructura Municipal del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez,S.L.P. recibió directamente de enero a agosto 42.5 millones de pesos por diversos conceptos, que prohíbe la ley.
El actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) que llegó a esa dependencia a mediados de agosto, según datos oficiales que publica el municipio soledense en la sección de egresos en la Plataforma Estatal de Transparencia, aparece como beneficiario de 5.3 millones de pesos en promedio de manera mensual, que suman en ocho meses 42 millones 581 mil 907 pesos, a pesar de ser servidor público se le entregaron directamente fuertes cantidades de dinero relacionadas con nóminas de honorarios, programas para adultos mayores y hasta pagos a instructores de activación física, que contravienen diversas leyes que vamos a detallar en esta investigación especial. El funcionario que autorizó estos pagos, fue el tesorero José Guadalupe Pérez Zúñiga, quien también tiene una gran responsabilidad en los hechos.

Llama mucho la atención, que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado no señale en sus informes anuales estas irregularidades.

Las leyes son muy claras: ningún servidor público puede manejar recursos del gobierno como si fueran dinero propio, recibirlos en cuentas bancarias personales, desviarlos de su destino o utilizarlos para beneficiar a particulares sin autorización legal. El artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que los recursos federales transferidos a los municipios deben depositarse en cuentas bancarias institucionales específicas, mientras que los artículos 79 y 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí establecen las responsabilidades de la Tesorería Municipal en el control y administración del dinero público. Por su parte, los artículos 53 y 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas consideran faltas graves el peculado y el desvío de recursos públicos, conductas que pueden castigarse con destitución e inhabilitación. Incluso, el artículo 223 del Código Penal Federal contempla penas de prisión cuando se configura el delito de peculado.
En pocas palabras, los funcionarios no pueden recibir, ocultar, disponer o transferir dinero público fuera de los mecanismos legales, ni utilizar cuentas particulares para evadir los controles oficiales. Hacerlo puede constituir una grave irregularidad administrativa e incluso un delito, dependiendo de las circunstancias y las pruebas. El dinero público pertenece a la ciudadanía, no a los funcionarios que temporalmente tienen la responsabilidad de administrarlo, pero apegándose a lo que claramente obliga y permite la ley.
Detalle de las leyes mencionadas:
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
• Artículo 69: Establece que, para el manejo y transferencia de recursos federales hacia los municipios, deberá existir una cuenta bancaria productiva específica a nombre del ente público. Los recursos solo pueden transferirse a dichas cuentas institucionales registradas ante la Tesorería, lo que excluye legalmente cualquier cuenta bancaria personal o privada.
2. Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)
Esta ley clasifica el manejo irregular de recursos públicos como Faltas Administrativas Graves, sancionables con destitución e inhabilitación: • Artículo 53 (Peculado): Sanciona al servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para terceros de recursos públicos (financieros o materiales), sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Artículo 54 (Desvío de recursos públicos): Establece que es responsable quien autorice, solicite o realice actos para asignar o desviar recursos financieros sin fundamento legal o fuera de las normas establecidas.
3. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí
• Artículos 79 y 81 (Atribuciones de la Tesorería Municipal): Disponen que el Tesorero Municipal es el único funcionario facultado y responsable de recaudar, concentrar, custodiar y administrar los fondos y valores financieros del Ayuntamiento, los cuales deben depositarse en instituciones bancarias a nombre del municipio. Ningún otro funcionario tiene atribuciones para recibir dinero público en cuentas particulares.
4. Código Penal (Delito de Peculado)
• Artículo 223 del Código Penal Federal (y su equivalente en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en el capítulo de delitos por hechos de corrupción): Tipifica como delito de peculado el acto de todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un municipio, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración o custodia.