Inhabilitaciones del Ayunt de SLP solo por no presentar declaraciones
En septiembre pasado, Gabriela López y López, titular de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí, presumió mediante un boletín que se habían acumulado 420 sanciones firmes contra servidores públicos municipales al cierre del primer semestre de 2026. Fue un dato muy abierto, que merece revisarse a fondo para conocer qué hay realmente detrás de esas sanciones.
Para conocer los motivos y las sanciones aplicadas, presentamos la solicitud de información 2404744260000615. La respuesta de la propia Contraloría reveló un dato importante: todas las sanciones reportadas corresponden a servidores públicos que incumplieron con la obligación de presentar su declaración patrimonial, una falta administrativa considerada no grave. Además, los nombres de los sancionados no fueron proporcionados.
Una fuente al interior del Ayuntamiento señaló que buena parte de los sancionados serían personas contratadas por honorarios que, al terminar su relación laboral con el municipio, dejaron de cumplir con la obligación de presentar su declaración patrimonial correspondiente.
La información oficial entregada contempla 428 servidores públicos sancionados, ocho más de los anunciados en el boletín, de los cuales la mayoría recibió una inhabilitación de un año. Los casos se distribuyen de la siguiente manera:
• 2021: 1 sancionado.
• 2022: 20 sancionados.
• 2023: 150 sancionados.
• 2024: 109 sancionados.
• 2025: 118 sancionados.
• 2026 (enero a junio): 30 sancionados.
Es importante aclarar que el artículo 48, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí establece la obligación de presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales y de intereses. Por lo tanto, las sanciones tienen un fundamento legal y su aplicación es parte de las responsabilidades de la Contraloría.
El problema no es que se sancione a quienes incumplen con esta obligación, sino que se presuma una cifra elevada sin explicar claramente que todos los casos corresponden al mismo tipo de falta administrativa. Mientras tanto, queda pendiente conocer qué resultados ha tenido la Contraloría en las denuncias relacionadas con posibles abusos de autoridad, irregularidades en el manejo de recursos públicos y actos de corrupción.
La Contraloría Municipal, encabezada por Gabriela López y López, tiene la obligación de vigilar, investigar y sancionar las irregularidades dentro del Ayuntamiento, no solamente de presentar cifras que puedan dar una impresión de eficacia.
Porque una cosa es presumir cientos de sanciones por declaraciones patrimoniales y otra muy distinta demostrar resultados frente a la corrupción. Si existen denuncias por irregularidades más graves, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuántas se han investigado, cuántas siguen pendientes y cuántas terminaron en sanciones.