Ilegalidades detrás de la baja de 27 unidades del Ayuntamiento de SLP

¿Quién autorizó dar de baja 27 vehículos oficiales sin papeles ni consentimiento?

¿Te imaginas que, sin tu consentimiento y sin presentar un solo documento oficial, alguien pudiera dar de baja tu automóvil o camioneta en una oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas? Pues eso, exactamente eso, ocurrió en San Luis Potosí. Y no fue un caso aislado: fueron 27 vehículos oficiales del Ayuntamiento.

Este escándalo, que venimos denunciando desde hace tiempo, tiene un trasfondo más oscuro de lo que parece. ¿Por qué, desde Tlalnepantla, Estado de México, se reportaron como extraviadas las placas y tarjetas de circulación de 27 unidades propiedad del Ayuntamiento de San Luis Potosí? ¿Y por qué, al día siguiente, una persona llamada Nely Elizabeth García Ramos logró dar de baja esas unidades en una oficina recaudadora ubicada en Avenida Muñoz, San Luis Potosí?

Peor aún: ¿cómo es posible que esas 27 unidades, ya dadas de baja y con reporte de placas extraviadas, hayan seguido circulando de manera ilegal? Prueba de ello fue el accidente vial ocurrido en febrero de 2025, en el que estuvo involucrado el secretario del Ayuntamiento, Fernando Chávez, quien conducía una camioneta con placas TL4869H. ¿Quieren más pruebas?¿Por qué el alcalde Enrique Galindo en lugar de solapar no toma acciones al interior de su administración?

Vale la pena recordar que la administración municipal firmó un contrato de arrendamiento con la cuestionada empresa Casanova Vallejo por 42 unidades, por dos años. Al finalizar el contrato, el Ayuntamiento decidió comprar 27 de esas unidades. El daño patrimonial es evidente: vehículos que en su momento costaban 360 mil pesos terminaron costando más de un millón de pesos al erario.

Hoy el Ayuntamiento intenta deslindarse del delito. Asegura que esas 27 unidades dadas de baja no están bajo su responsabilidad, a pesar de que seguían registradas a nombre del Municipio de San Luis Potosí. Pero los hechos apuntan a algo mucho más grave: una red que buscaba desaparecer todo rastro de esos vehículos.

¿Por qué el Ayuntamiento ocultó esta situación hasta que Ciudadanos Observando la expuso públicamente? Este acto ilegal ocurrió en diciembre de 2024, pero fue hasta el 19 de marzo de 2025 cuando el síndico municipal presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Y si el Ayuntamiento dice que “desconoce todo”, ¿quién le entregó a Nely Elizabeth García Ramos el listado detallado de placas para reportarlas como extraviadas en línea ante la FGR el 5 de diciembre de 2024, desde Tlalnepantla? ¿Y quién facilitó esa misma información a Emanuel Abrahan Martínez Ramos —quien se identificó con dirección en Iztapalapa— para tramitar en la Tesorería Municipal los comprobantes de no infracción necesarios para realizar las bajas?

Este caso huele mal, muy mal. Y lo vamos a seguir investigando, aunque eso implique ser blanco de ataques y calumnias de quienes se sienten amenazados porque sus negocios turbios están saliendo a la luz.