Grupo Saserro: el negocio redondo del agua en San Luis Potosí

Con licitaciones amañadas y contratos a modo, el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el organismo operador Interapas entregaron entre julio de 2022 y diciembre de 2024 más de 265 millones de pesos a la empresa Grupo Saserro, señalada por sobreprecios, irregularidades y favoritismo.
 

Según documentos oficiales obtenidos a través de solicitudes de transparencia, se presume un daño patrimonial de 84.8 millones de pesos, derivado de sobrecostos del 32% por metro cúbico de agua. El contrato estableció un precio de 56 pesos más IVA por cada metro cúbico, aunque contratistas del ramo consultados afirman que el precio justo debía ser de 46.66 pesos más IVA, y en algunos casos hasta 41.48 pesos, considerando que Interapas no cobró a Saserro el agua que distribuyó.

¿Quién está detrás de Saserro?
De acuerdo con la última modificación del acta constitutiva de la empresa de la cual contamos con una copia, los socios son Sebastián Rosillo Villasuso y Santiago Rosillo del Pozo, quien además está casado con Daniela de los Santos Pizzuto, hija de Fernando de los Santos Anaya, comisario de la empresa e hijo del exmandatario estatal de San Luis Potosí Marcelo de los Santos Fraga. Todo queda en familia.
Santiago renunció como administrador único en noviembre de 2021 y nombró en su lugar a Rosillo Villasuso. Este entramado familiar vincula directamente a Saserro con antiguos círculos de poder en el estado.
 

Contratos con cifras y condiciones dudosas
El contrato con Saserro, del 16 de agosto de 2022 al 31 de diciembre de 2023 (16.5 meses), contemplaba el suministro domiciliario de 717,000 metros cúbicos de agua potable mediante camiones cisterna. Se calculó un total de 25 pipas, con capacidad de 20 m³ cada una, realizando 4 viajes diarios, 5 días por semana. Esto daría un suministro potencial para 43,454 viviendas, es decir, aproximadamente 180 mil personas.
 

Pero más allá del monto, lo grave está en cómo se adjudicó el contrato. La licitación estatal MSLO-31-2022 solicitaba cotizaciones para 25 pipas, aunque en el anexo técnico solo se requerían 15. Además, en el acto de fallo se descalificó al segundo postor sin justificación clara, y tampoco se presentó el análisis de la propuesta ganadora. Un proceso hecho a la medida de Saserro.
 

Precios inflados y cero control
En julio de 2022, el contrato se adjudicó a 56 pesos por m³. Apenas 20 días después, el 8 de agosto, el precio se elevó a 68 pesos. Mientras tanto, en junio de 2024, el precio promedio del mercado para este tipo de servicio no supera los 62 pesos más IVA.
 

El problema clave es que Interapas no cobró a Saserro el agua, y aun así, la empresa facturó como si hubiese tenido que pagarla, elevando artificialmente sus costos. A eso se suma la falta de supervisión sobre los viajes efectivamente realizados. Nadie verificó si las pipas entregaban el agua o si simplemente se reportaban los servicios sin ejecutarse.
 

¿Y por qué no usar la infraestructura existente?
Una pregunta lógica que sigue sin respuesta es por qué no se usaron los cinco tanques del acueducto de El Realito para que las pipas descargaran ahí, y desde ese punto distribuir el agua por red. Esto habría sido más eficiente y económico que entregar casa por casa.
 

Comparativo de costos con Querétaro
Un proveedor de servicios de agua en pipas en Querétaro proporcionó los siguientes precios (junio 2024):
• Solo agua potable (sin transporte): $24.99/m³ (IVA incluido).
• Transporte hasta 15 km: $47.10/m³ (incluye agua y acarreo).
• Transporte a 20 km: $71.95/m³ (IVA incluido).
Es decir, el puro acarreo cuesta $22.11/m³ y el agua $24.99/m³, totalizando $47.10/m³. Incluso con distancias mayores, el precio difícilmente superaría los $62.02 más IVA.
Pero en San Luis Potosí, sin pagar el agua y sin supervisión, Saserro cobró $64.96 por m³ (IVA incluido). Un negocio redondo.
¿Y la ciudadanía? Que siga esperando agua mientras algunos hacen fortuna a costa de la crisis hídrica.
 

Conclusión: Cuando la sed de negocios pesa más que la sed de la gente
El caso de Grupo Saserro evidencia cómo, en San Luis Potosí, la escasez de agua fue convertida en una mina de oro para unos cuantos. Mientras miles de familias sufrían por la falta de suministro, funcionarios y empresarios aprovecharon la emergencia para inflar contratos, evadir controles y llenarse los bolsillos con dinero público.
 

Lo más grave no es solo el sobreprecio pagado por un servicio deficiente, sino la opacidad, el favoritismo y la simulación institucional con los que se operó este esquema. Todo apunta a un modelo de corrupción disfrazado de ayuda social, donde el interés público quedó relegado ante los intereses de una red familiar y política bien conectada.
 

En una ciudad donde el agua se ha vuelto símbolo de desigualdad, este caso debe marcar un antes y un después. Porque mientras algunos ven en cada gota una oportunidad de enriquecimiento, la ciudadanía exige rendición de cuentas, justicia y un alto al saqueo disfrazado de soluciones.