Ernestina Godoy : impunidad garantizada
La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República no es un simple relevo administrativo, sino la firma del acta de defunción de la autonomía judicial en México y la consolidación de un blindaje institucional para la élite en el poder. Lejos de representar la procuración de justicia, su nombramiento envía un mensaje devastador: la lealtad partidista está por encima de la ley. Godoy, quien ya demostró en la Ciudad de México su disposición para utilizar el aparato de justicia como herramienta política, asume ahora el control nacional no para investigar, sino para gestionar el silencio y garantizar que los expedientes más oscuros de la llamada Cuarta Transformación permanezcan en la sombra, convirtiendo a la FGR en una extensión del Poder Ejecutivo encargada de limpiar los rastros de sus aliados.
El mandato de Godoy nace manchado por la sombra de escándalos financieros monumentales que ahora tienen garantizado el "carpetazo". El desfalco de Segalmex, que supera con creces a la Estafa Maestra y representa el saqueo institucional más cínico del sexenio pasado, encontrará en la nueva fiscal no a una investigadora, sino a una tapadera eficiente. Del mismo modo, el entramado del huachicol fiscal, una red de corrupción que ha desangrado las finanzas públicas bajo la mirada complaciente de las autoridades aduaneras, tiene ahora vía libre para operar sin temor a consecuencias penales, perpetuando un esquema de enriquecimiento ilícito que beneficia a empresarios amigos del régimen y financia estructuras políticas bajo el manto de la impunidad.
Aún más alarmante es el mensaje que este nombramiento envía a las estructuras de poder fáctico en el sureste mexicano, específicamente en los casos vinculados a "La Barredora" y sus nexos con la política de alto nivel. La designación de Godoy funciona como un seguro de vida político para figuras como el senador Adán Augusto López, cuyos supuestos vínculos con tramas de corrupción y grupos criminales en Tabasco han sido señalados en reportes de inteligencia militar. Al colocar a una incondicional al frente de la Fiscalía, se desactiva cualquier posibilidad real de investigar la narcopolítica que ha echado raíces en el movimiento, asegurando que los señalamientos contra el exsecretario de Gobernación y su círculo cercano queden reducidos a anécdotas mediáticas sin repercusión judicial.
En última instancia, Ernestina Godoy encarna la hipocresía discursiva de un movimiento que llegó al poder prometiendo barrer las escaleras de arriba hacia abajo, pero que ha terminado construyendo un refugio para sus propios corruptos. Su gestión promete ser la era de la justicia selectiva: implacable contra los opositores y ciega ante los propios. Con ella al mando, la corrupción ligada a Morena y a los grandes beneficiarios del sexenio no será combatida, sino administrada; la FGR deja de ser el abogado de la nación para convertirse, formal y descaradamente, en el despacho de defensa legal de la Cuarta Transformación.