El poder judicial cambia de dueños
Desde hace décadas, el Poder Judicial en México ha sido una extensión del Ejecutivo. Los presidentes han nombrado a ministros de la Suprema Corte afines, y en los estados, los mandatarios estatales han designado a jueces y magistrados según sus intereses, negociando incluso con la oposición para repartir algunos cargos. Esta práctica ha perpetuado un sistema judicial subordinado al poder político, sin independencia real.
La reciente reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Sheinbaum, solo es un engaño más para que todo siga igual, pero simulando en las formas. Recordemos, como la propia Claudia Sheinbaum y el polémico senador Gerardo Fernández Noroña reconocieron en su momento que, al contar con una amplia mayoría en el Congreso, tenían la capacidad para designar directamente a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, aseguraron que preferían dejar esa decisión en manos del pueblo. ¿Y qué ocurrió en la práctica? Fue un engaño. Al final, los que resultaron electos fueron figuras afines a Morena y, en cada estado, perfiles cercanos a los intereses de los mandatarios estatales.
Un caso emblemático es el de Hugo Aguilar, abogado mixteco y exoperador político de López Obrador en el proyecto del Tren Maya, quien fue electo como ministro de la Suprema Corte con la mayor cantidad de votos. Aunque su elección ha sido celebrada por representar a los pueblos indígenas, su cercanía con el oficialismo es evidente y su capacidad para representar verdaderamente a las comunidades indígenas se pone en duda.
Además, los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, fueron candidatos promovidos por Morena y resultaron electos. Este tribunal tendrá amplias facultades para sancionar a jueces y magistrados, lo que puede provocar un posible uso político de estas atribuciones.
En resumen, la reforma judicial que prometía independencia y democratización ha resultado en una reconfiguración del control político sobre el Poder Judicial. Lejos de fortalecer la justicia, se ha consolidado un sistema donde los jueces y magistrados siguen respondiendo a intereses partidistas, perpetuando las mismas prácticas que se pretendían erradicar. Todo cambio para que todo siga igual y el gobierno en turno lo mantenga bajo su control.