El costoso engaño detrás del agua en pipas
En San Luis Potosí, el uso de pipas para abastecer de agua a la población se ha convertido en una práctica común ante la evidente incapacidad de las autoridades para garantizar un servicio continuo a través de la red pública y que constantemente es utilizado con fines políticos y electorales por parte del mandatario estatal Ricardo Gallardo y en alcalde de la capital Enrique Galindo. Sin embargo, esta medida, lejos de ser una solución eficaz, representa un problema más: es insuficiente, costosa y deja a miles de familias en condiciones precarias. La distribución oficial apenas entrega mil litros por vivienda, cantidad que no cubre ni lo básico, lo que obliga a las personas a recurrir a pipas privadas, disparando aún más los costos y profundizando la desigualdad en el acceso al agua.
El gasto que deben asumir hogares, comercios e industrias para garantizar el vital líquido resulta alarmante. En promedio, una pipa de 10 mil litros cuesta entre $900 y $1,500 pesos, y muchas veces se requieren varias al mes. Esto convierte al agua en un lujo que no todos pueden pagar. Peor aún, este servicio emergente ha sido utilizado como un paliativo político, improvisado, sin regulación ni control sanitario adecuado, lo que ha derivado en la aparición de un mercado negro operado por particulares, muchas veces en colusión con autoridades que, en lugar de invertir en infraestructura, optan por parches momentáneos.
A esto se suma el riesgo sanitario latente. La mayoría del agua distribuida en pipas no cumple con los estándares de calidad necesarios para su uso humano. Proviene de pozos, es apenas clarificada y tratada con químicos que sólo “encubren” temporalmente bacterias y contaminantes. Una vez que se disipa el efecto del cloro, el agua queda sobreclorada y potencialmente peligrosa. A pesar de ello, se cobra como si fuera potable. ¿Dónde están los certificados que lo avalen? ¿Quiénes son los responsables de garantizar que el agua que llega a los hogares no sea un riesgo para la salud?
La ley es clara: la CEA y la COEPRIS están obligadas a verificar la calidad del agua transportada en pipas y supervisar a los proveedores. No obstante, en la práctica, estas acciones son insuficientes o se intensifican sólo en momentos críticos. Mientras tanto, los potosinos pagan caro por un recurso de mala calidad, con un sistema que no sólo es ineficiente y abusivo, sino que además pone en riesgo su salud y perpetúa un negocio opaco, irregular y profundamente injusto.