El cáncer de la opacidad que mata en silencio en SLP
El cáncer de la opacidad que mata en silencio
En México, enfrentar el cáncer ya es una carrera contra el tiempo. En San Luis Potosí, esa carrera se libra también contra el silencio y la opacidad gubernamental. Mientras en otros estados se publican cifras, se auditan contratos y se transparenta el destino del dinero para tratamientos oncológicos, aquí todo se pierde en un agujero negro de información. En el sector salud no se sabe cuántos pacientes reciben atención, cuántas mezclas de quimioterapia se preparan, a quién se contrata, cuánto se paga ni qué resultados se obtienen. Lo único cierto es que la opacidad mata.
Las mezcladoras oncológicas son el corazón del tratamiento contra el cáncer. Son espacios especializados donde personal capacitado prepara, con precisión y seguridad, las dosis personalizadas que cada paciente necesita. Cada miligramo importa: un cálculo erróneo puede ser mortal; una preparación tardía o interrumpida puede reducir las posibilidades de éxito; y una manipulación sin medidas adecuadas pone en riesgo a pacientes y personal. En estados como Colima o Jalisco, la cobertura es total y los datos son públicos; incluso en lugares con problemas, como Veracruz o Chiapas, hay información para exigir mejoras. En San Luis Potosí, en cambio, reina el silencio absoluto y la oscuridad: ni auditorías públicas, ni indicadores, ni informes.
La falta de transparencia tiene un costo mortal. En México, unas 160 mil personas mueren cada año por cáncer, pero en San Luis Potosí no existen datos para saber cuántas reciben tratamiento o cuántas fallecen por interrupciones en las mezclas oncológicas.
Esta ausencia de información no es un error administrativo: es una decisión política. Una decisión que puede detener tratamientos a la mitad, obligar a familias a endeudarse para pagar medicinas privadas o abrir la puerta a medicamentos falsificados, como ya ha lo hemos documentado en el hospital central “Ignacio Morones Prieto”.
El derecho a la salud incluye el derecho a saber. El dinero público para atender el cáncer pertenece a la ciudadanía, no a los funcionarios. Por eso, urge realizar auditorías inmediatas a las mezcladoras oncológicas, transparentar contratos, proveedores y resultados, invertir prioritariamente en infraestructura médica y aplicar sanciones reales a quienes oculten información o permitan negligencia. La transparencia no es un capricho: es una herramienta para salvar vidas.
En San Luis Potosí, la corrupción se esconde bajo la alfombra de la burocracia y el silencio institucional es tan letal como la enfermedad misma. Cada peso desviado, cada dato oculto y cada contrato fantasma se convierten en una sentencia para un paciente.
La ciudadanía no podemos callar, los medios no deben mirar hacia otro lado y el gobierno no puede seguir ocultando lo que nos pertenece: la verdad. Porque la salud no se negocia, la transparencia no se posterga y la vida no espera.