Diputados locales de SLP no legislan contra la corrupción.
Diputados locales: no legislan contra la corrupción.
Los diputados locales de San Luis Potosí se hacen llamar “representantes populares”, pero en realidad solo representan sus propios intereses y los de sus partidos. Están completamente desconectados de la ciudadanía y de la realidad. Viven en una burbuja de privilegios, actuando con soberbia y sordera ante las verdaderas exigencias sociales.
Alejados del pueblo y expertos en simulación
La actual Legislatura LXIV se distingue no por su trabajo, sino por su abuso del poder, su falta de compromiso con los acuerdos ciudadanos, y su tendencia a legislar con ocurrencias. Ignoran propuestas legítimas que vienen desde la sociedad civil, mientras algunas diputadas pareciera que se dedican a auto legislar y otros simplemente pasan desapercibidos, con una productividad legislativa nula.
Corrupción e impunidad: los temas que no quieren tocar
A los diputados no les interesa combatir la corrupción ni la impunidad. No impulsan reformas para sancionar con firmeza a servidores públicos que malversen recursos. Prefieren mantener leyes débiles, que hoy por hoy, son una invitación abierta a robar: quien comete un delito sabe que difícilmente enfrentará consecuencias reales. Se niegan a discutir con seriedad este tema, como si temieran que una reforma efectiva pudiera alcanzarlos a ellos mismos.
Una exigencia ciudadana clave —ampliar los plazos de prescripción para delitos contra el patrimonio del estado— ha sido ignorada deliberadamente. ¿Por qué? ¿Temen que el largo brazo de la ley algún día toque sus propios intereses?
Transporte público: ley ignorada, corrupción tolerada
¿Para qué existe la Ley del Transporte si no se respeta? Es urgente modificarla para imponer sanciones severas a los permisionarios que operan unidades fuera del plazo legal —más de diez años de uso— o que colocan publicidad electoral ilegal. También deben castigarse a las autoridades que permiten estas irregularidades, porque ahí radica gran parte del problema: impunidad institucional.
La Comisión de Vigilancia: cómplice, no fiscalizadora
La Comisión de Vigilancia del Congreso, encargada de supervisar la ejecución de los recursos públicos, se ha convertido en cómplice del desvío de fondos. Junto con el Instituto de Fiscalización Superior del Estado —que solo cambió de nombre, pero no de prácticas— permite que la opacidad siga reinando.
Urge una reforma profunda a la Ley de Auditoría: eliminar los vacíos legales que permiten a los corruptos evadir sanciones, reducir los plazos para solventar observaciones y establecer castigos reales para quienes no cumplan. Hoy, todo está diseñado para proteger a los infractores.
Fiscalías obsoletas y justicia bloqueada
Las fiscalías siguen operando con una estructura obsoleta, sin reformas que las alineen con el nuevo sistema de justicia oral. En lugar de ser un puente entre la ciudadanía y la justicia, se han convertido en un cuello de botella. La falta de reformas demuestra la nula voluntad política para garantizar el acceso real a la justicia.
Medio ambiente: omisiones e irresponsabilidad
En materia ambiental, la omisión legislativa es escandalosa. No han hecho el trabajo mínimo de armonización de las leyes, y cuando se atreven a modificar algo, lo hacen con ocurrencias, generando normas contradictorias o ineficaces. Revisar y alinear todas las disposiciones ambientales requiere esfuerzo, y los diputados han dejado claro que no están dispuestos a trabajar.
Contrataciones por honorarios: simulación descarada
Dentro del Congreso, las contrataciones por honorarios siguen siendo tierra fértil para la simulación. No hay controles, supervisión ni transparencia. Esta abusiva legislatura incremento en 2.6 millones gasto mensual en ese rubro, ya actualmente es de 4.4 millones que se reparte entre 194 personas. El sistema sirve para pagar favores políticos, colocar familiares y mantener aviadores. Años han pasado sin que se implemente una reglamentación seria. ¿Hasta cuándo esta impunidad interna?
Otras deudas legislativas
• El maltrato animal sigue sin ser atendido con la seriedad que exige la sociedad. La legislación actual es insuficiente, y a los diputados simplemente no les interesa.
• La ley de protección a personas cuidadoras también ha sido ignorada.
• Modificar las comparecencias de los secretarios de la administración estatal para que sea un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y no una ridícula pasarela donde los diputados en lugar de cuestionar, se preocupan más por tomarse selfis con los servidores públicos.
• Tampoco han querido crear una unidad técnica para dar seguimiento al impacto de las leyes que aprueban. Sin seguimiento, no hay evaluación, y sin evaluación, no hay mejora posible. Esto debería ser elemental.
Conclusión: alto sueldo, bajos resultados
Cada uno de los 27 diputados locales cobra 96 mil pesos netos al mes, es decir, 3 mil 200 pesos diarios. ¿Y qué resultados entregan? Legislación pobre, mínima conexión con la ciudadanía y, en muchos casos, un paso silencioso por el Congreso, como si su objetivo fuera precisamente no ser notados.
Y para colmo, algunos se indignan cuando sus pésimos resultados son exhibidos en evaluaciones como la de Congreso Calificado. Se molestan con las críticas, pero no con su propio desempeño.