Diputados deben proponer modificaciones a la "Ley Serrano"
Los cinco diputados que votaron en contra de la llamada #LeySerrano : Marco Gama, Gabriela López, Rubén Guajardo, Marcelino Rivera y Mireya Vancini tienen hoy una responsabilidad pública que va más allá de justificar su voto: deben asumir acciones serias, visibles y contundentes para corregir una reforma que abrió una puerta peligrosa en el Código Penal del estado de San Luis Potosí.
Si de verdad reconocen los riesgos, la respuesta mínima tendría que ser la presentación conjunta de una iniciativa que modifique los aspectos más graves de la ley, especialmente aquellos que permiten perseguir expresiones críticas bajo conceptos vagos como “alarma pública”, “alterar la paz social”, “confianza pública” o “seguridad del Estado”.
Es por eso que nos unimos a lo expuesto por la periodista Fernanda Durán de Astrolabio Diario Digital donde atindamente expuso que, el problema de fondo no es si la ley se aplicará mañana contra una persona específica, ni si sus defensores prometen que no será usada contra periodistas, activistas, opositores o voces incómodas. El verdadero problema es que el Estado ya cuenta con una herramienta penal suficientemente ambigua para decidir discrecionalmente qué expresión considera crítica legítima y cuál interpreta como amenaza.
Una mala ley no deja de ser peligrosa dependiendo de quién sea el acusado. Por eso Artículo 19 y organismos internacionales han advertido sobre la amplitud de este tipo penal y el riesgo de criminalizar expresiones protegidas por la libertad de expresión.
La reforma fue vendida políticamente como una medida para proteger a víctimas de contenido sexual falso generado con inteligencia artificial. Pero lo que se incorporó en noviembre del año pasado fue otra cosa: un capítulo sobre “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, colocado dentro de los delitos contra la seguridad del Estado. Ese detalle jurídico cambia por completo la lógica del problema. No estamos solo ante una discusión tecnológica o de protección a víctimas, sino ante una figura penal que puede convertir al propio Estado en víctima, investigador, acusador e intérprete de conceptos extraordinariamente subjetivos.
La supuesta excepción para el periodismo, la crítica política, la sátira o los contenidos académicos no resuelve el riesgo. No impide que una persona sea investigada, detenida o sometida a proceso. Primero puede venir la carpeta, la imputación y las medidas cautelares; después, el propio Estado decidirá si aquello era o no ejercicio legítimo de libertad de expresión. Ahí está la trampa y ahí debe estar la corrección legislativa. Los cinco diputados que aprobaron la #LeySerrano tienen que dejar de administrar el costo político y empezar a reparar el daño institucional: presentar juntos una iniciativa que elimine la ambigüedad, cierre la puerta al uso persecutorio del derecho penal y garantice que ninguna voz incómoda sea castigada bajo el pretexto de proteger la paz social.