Diputados de partidos opacos eliminan la CEGAIP
Con el voto de una abrumadora mayoría de diputados del Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena, se aprobó el inicio del proceso de desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Esta decisión provocará que el Gobierno, el Congreso, los ayuntamientos y el Poder Judicial se conviertan en juez y parte al momento de resolver las quejas de la ciudadanía, lo que representa un grave retroceso en el derecho a la información pública.
Una de las situaciones que más indignan es que sean precisamente diputados de los partidos más opacos quienes votan a favor de eliminar la CEGAIP. Legisladores que jamás han realizado una solicitud de información ni han enfrentado los obstáculos que imponen los entes públicos para entregarla, hoy respaldan el regreso a un pasado oscuro en el que ejercer el derecho a la información será cada vez más difícil.
Diana Ruelas y Tomás Zavala, diputados del Partido del Trabajo, pertenecen al que es considerado el partido más opaco de San Luis Potosí. Durante todo 2025 no publicó absolutamente nada en la Plataforma Estatal de Transparencia. Por su parte, la bancada de Morena —cuyo partido recibe en promedio 2.6 millones de pesos— reporta gastos mensuales por apenas 46 mil pesos, dejando sin transparentar la mayor parte de los recursos. Del Partido Verde poco podía esperarse: bajo el gobierno de Ricardo Gallardo se ha vivido el sexenio de mayor opacidad, una auténtica herencia negra en materia de transparencia.
Con la creación de una nueva ley estatal de transparencia, que deberá armonizarse con la legislación nacional, si el Gobierno del Estado de San Luis Potosí niega información, la reserva ilegalmente o la entrega incompleta, el ciudadano tendrá que inconformarse ante la misma autoridad. ¿No es esto un retroceso evidente? Si presentar una queja ante un organismo autónomo como la CEGAIP ya resultaba complicado, ahora podría volverse prácticamente imposible.
En el caso de los ayuntamientos ocurrirá lo mismo: si niegan información, la queja deberá presentarse ante su propio órgano de control interno, integrado por funcionarios designados por los alcaldes. En el Poder Judicial, la inconformidad también se resolvería internamente.
Respecto a los partidos políticos, las quejas serían atendidas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Sin embargo, queda la duda sobre quién resolverá las inconformidades en contra del propio CEEPAC. Tal como se perfilan las cosas, podría ser la misma institución, en congruencia con el retroceso señalado.
Se avecinan días más difíciles para la transparencia y la rendición de cuentas. La eliminación del INAI y de los organismos autónomos estatales favorece a quienes han sido adversarios de la supervisión pública y promotores de la opacidad.