Diputado Héctor Serrano ahora va por #LeySerranoRecargada
Tal vez haciendo honor al eslogan del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, “Sin límites”, el diputado local plurinominal del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, parece dispuesto a llevar sus iniciativas hasta el extremo.
Serrano Cortés es el autor de la llamada #LeySerrano, una legislación represiva que utilizó de forma perversa un tema tan sensible como el mal uso de la inteligencia artificial, fenómeno que afecta principalmente a niñas, niños y mujeres. Sin embargo, en lugar de enfocar la norma en la protección de esos sectores, incluyó artículos que hoy son utilizados para perseguir a periodistas, activistas, opositores y voces incómodas. En los hechos, dejó abierta una llave legal para que la ley pueda operar como un instrumento de represión.
En lugar de reaccionar y corregir ese grave error, Serrano Cortés ahora anuncia que prepara una nueva legislación, a la que bien podría llamarse #LeySerranoRecargada. Con ella, pretende colocarse como una especie de juez supremo, cabeza de una nueva inquisición o censor oficial, al plantear la regulación de portales web, redes sociales y páginas informativas.
El diputado del PVEM adelantó que el Congreso de San Luis Potosí analiza posibles reglas para medios digitales, inteligencia artificial y sitios informativos. Según ha señalado, se buscan mecanismos para garantizar el derecho de réplica y combatir contenidos falsos generados con inteligencia artificial o manipulación digital.
El problema es que, bajo ese discurso, se abre la puerta a un control total sobre los medios de comunicación digitales. También se podría exigir información personal susceptible de ser utilizada para reprimir, hostigar o encarcelar a quienes el poder, junto con sus jueces aliados, considere “una amenaza” para su supervivencia política.
Por cierto, ¿sabía usted que un diputado puede calumniar, insultar o difamar a cualquier persona sin enfrentar las mismas consecuencias que un ciudadano común? Esto ocurre porque los legisladores cuentan con fuero constitucional, figura que protege su libertad de expresión en el ejercicio del cargo.
El fondo del problema es que buena parte de los legisladores locales parecen estar sometidos al poder y de espaldas a la ciudadanía. Su interés no es defender derechos, sino blindarse frente a críticas y señalamientos. Además, parecen tener la encomienda de entregar al Gobierno del Estado leyes represivas que recuerdan a las peores etapas caciquiles.