DIF de Soledad: ocho años de archivos repetidos y gastos sin comprobar
DIF de Soledad: ocho años de archivos repetidos y gastos sin comprobar
Durante al menos ocho años, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí publicó de forma cínica y descarada en distintos meses los mismos archivos de egresos en la Plataforma Estatal de Transparencia y nadie lo detectó.
Una revisión realizada por la organización Ciudadanos Observando a la sección de egresos en la Plataforma Estatal de Transparencia encontró enormes anomalías, como documentos duplicados, reportes vacíos, periodos completos sin información y archivos en los que únicamente se modificó el año, mientras los montos, proveedores y demás datos permanecieron sin cambios. Algo que debe considerarse como una burla a la sociedad y un caso emblemático de engaño y opacidad.
Las irregularidades adquieren mayor relevancia porque, al solicitar por transparencia copia de las facturas y los comprobantes relacionados con varios de los gastos reportados, el propio organismo reconoció que no conserva parte de esa documentación. También informó que no localizó en su padrón a algunos de los proveedores que aparecían en los archivos publicados.
Entre 2016 y 2025, el DIF administró 112 millones 708 mil 737 pesos, de acuerdo con las Leyes de Ingresos del municipio y las cuentas públicas fiscalizadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, IFSE.
Los documentos oficiales permiten conocer cuánto dinero recibió el organismo durante ese periodo. Sin embargo, las deficiencias en la publicación y conservación de los comprobantes impiden tener certeza sobre la manera en que se ejerció una parte de esos recursos.
Once años bajo el mismo grupo político
El periodo revisado comprende las administraciones de Ruth González Silva, quien estuvo al frente del DIF de 2015 a 2021, y de María del Pilar Cardona Reyna, actual presidenta del organismo y quien encabeza el periodo 2024-2027.
Durante los últimos once años, el control del DIF municipal ha permanecido dentro del mismo grupo político conocido como “gallardismo”.
Años sin reportar egresos
Durante 2015, 2016 y 2017, el DIF no publicó información sobre sus egresos en la Plataforma Estatal de Transparencia, pese a estar obligado a hacerlo.
No se encontraron consecuencias públicas derivadas de ese incumplimiento.
En enero de 2018, el organismo publicó por primera vez un archivo con información de egresos. Sin embargo, ese mismo documento volvió a aparecer en abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
En junio de ese año se publicó un archivo que no contenía el detalle de los gastos.
El mismo patrón continuó durante 2019 y 2020.
En 2021, el DIF no publicó información de egresos entre enero y agosto. En octubre, noviembre y diciembre subió archivos que no contenían datos.
Durante los primeros cinco meses de 2022 tampoco se publicó información. En junio apareció un reporte de egresos que repetía montos y proveedores incluidos en documentos anteriores. De julio a diciembre, los archivos publicados volvieron a aparecer vacíos.
En enero y febrero de 2023 no se difundió información. De marzo a diciembre, el organismo publicó mes tras mes el mismo archivo.
Un documento de 2022 repetido hasta 2026
En enero de 2024, el archivo disponible en la plataforma estaba vacío.
De febrero a diciembre de ese año, el DIF publicó repetidamente el mismo documento correspondiente a junio de 2022.
La práctica continuó durante todo 2025 y, por lo menos, hasta junio de 2026. Es decir, durante más de dos años se siguió presentando como información mensual un archivo que correspondía a un periodo anterior.
La repetición sistemática de documentos no solo impide conocer los gastos reales de cada mes. También genera una apariencia de cumplimiento que no corresponde con la información efectivamente publicada.
Proveedores que el DIF no encontró en su padrón
Uno de los casos más visibles corresponde a los registros relacionados con las empresas Super Arturos S.A. de C.V. e Impulsora Sahuayo.
Los nombres de estos proveedores aparecen en archivos de egresos publicados en distintos ejercicios fiscales. Sin embargo, al solicitar información sobre esas operaciones, el DIF informó que no encontró a ninguna de las dos empresas en su padrón de proveedores.
Ante las inconsistencias, se presentaron solicitudes de acceso a la información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con el propósito de verificar si los documentos publicados contaban con respaldo en los archivos oficiales del organismo.
El DIF admite que no conserva facturas
En la respuesta al folio 241491226000003, emitida el 19 de junio de 2026, el DIF informó que Super Arturos S.A. de C.V. e Impulsora Sahuayo no fueron localizadas en su padrón de proveedores, a pesar que sus archivos de egresos aparecen en diversas ocasiones.
En esa misma respuesta, el organismo reconoció que no cuenta con las facturas correspondientes al ejercicio fiscal de 2018.
Posteriormente, mediante el folio 241491226000004, fechado el 6 de julio de 2026, el DIF señaló que tampoco conserva facturas ni comprobantes de recepción relacionados con diversos egresos registrados durante 2026.
Entre los pagos incluidos en la respuesta oficial se encuentran:
• 37 mil 600 pesos a Nefrología y Diálisis de San Luis.
• 21 mil pesos como apoyo económico a María Dolores Rivera Ayala.
• 9 mil 750 pesos a Sandra Nelly de la Rosa Arteaga.
• 3 mil 244 pesos con 80 centavos a Juan Salvador Castillo Martínez.
Algunos de esos registros aparecen repetidos en archivos correspondientes a distintos meses y años.
Esta investigación no atribuye irregularidades a las personas físicas o morales mencionadas. Sus nombres se incluyen únicamente porque aparecen en los documentos publicados y en las respuestas oficiales entregadas por el DIF.
El señalamiento se dirige a la institución, que reconoció no conservar parte de la documentación que debería respaldar esos egresos.
Más de 112 millones de pesos administrados
Entre 2016 y 2025, el DIF recibió aproximadamente 103.7 millones de pesos mediante transferencias realizadas por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.
Además, obtuvo cerca de 8.9 millones de pesos por concepto de cuotas, donativos e ingresos propios.
En total, el organismo administró 112 millones 708 mil 737 pesos.
Los recursos fueron destinados a su operación y al financiamiento de programas de asistencia social. No obstante, el uso de dinero público debe quedar respaldado con facturas, contratos, órdenes de compra, recibos, comprobantes de entrega de apoyos y otros documentos que permitan verificar cada gasto.
La falta de esos comprobantes impide revisar si los recursos fueron utilizados en los conceptos, cantidades y beneficiarios reportados.
La irresponsable CEGAIP no detectó jamás las inconsistencias
Otro aspecto relevante es que las anomalías no fueron identificadas inicialmente por Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, mientras mantienen el deficiente proceder, sus comisionados José Gerardo Navarro Alviso y Ana Cristina García Nales ganan más de 90 mil pesos mensuales. ¿Cómo fue posible que durante años se publicaran documentos repetidos o vacíos sin que el organismo garante detectara y corrigiera el problema?
Las inconsistencias fueron detectadas mediante una investigación ciudadana que comparó los documentos disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia con las respuestas entregadas por el DIF a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Primero se localizaron archivos duplicados, información repetida y largos periodos sin documentación. Después se solicitaron los comprobantes originales y el propio organismo reconoció que no conserva parte de los documentos que deberían respaldar determinados gastos.
Una apariencia de transparencia
Después de once años de continuidad política al frente del DIF, permanece una pregunta central:
¿Cómo puede la ciudadanía tener certeza sobre el destino de los recursos públicos cuando la institución pública información repetida, incompleta o vacía y, además, reconoce cínicamente que no conserva algunos de los documentos que deberían demostrar cómo y en qué se gastó el dinero?
Publicar un archivo no significa cumplir con la ley si el documento no corresponde al periodo reportado, carece de información o repite datos de años anteriores.
La transparencia no consiste en llenar una plataforma con documentos. Su finalidad es permitir que cualquier persona pueda verificar, de manera sencilla y completa, quién recibió los recursos, por qué concepto, en qué fecha, por qué cantidad y mediante qué comprobantes.
Corresponde ahora al Órgano Interno de Control, al Instituto de Fiscalización Superior del Estado, a la CEGAIP y, en su caso, a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción determinar si estas omisiones son deficiencias administrativas o si existen posibles responsabilidades que deban investigarse.
La rendición de cuentas se demuestra documento por documento. Cada peso público debe contar con un respaldo que permita conocer su destino y comprobar que fue utilizado conforme a la ley.
En el caso del DIF de Soledad, los archivos repetidos, los meses sin información y la ausencia de facturas muestran que esa certeza todavía no existe.