Desaparición de 1,615 de ISR en el pasado sexenio no puede quedar impune
Tras darse a conocer que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dejó firme el cobro de mil 615.1 millones de pesos que debe realizar el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ante el SAT, luego de que se pretendiera evitar esta enorme deuda derivada de cuotas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenidas durante el ejercicio 2018 a burócratas y que no fueron enteradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP, simplemente este acto no puede quedar impune y mucho menos ser trasladado a ciudadanía. Los responsables tienen que ser llamados a cuentas; se debe acabar con la simulación y con el evidente pacto con la llamada “herencia maldita”.
Es decir, este monumental monto, producto del impuesto ya señalado, fue retenido a los empleados estatales y nunca se entregó al SAT, por lo que alguien debió haber dispuesto o desviado esos recursos en 2018. Por ningún motivo este caso debe quedarse como un simple dato informativo. Esos mil 615 millones de pesos deben ser recuperados a como dé lugar y se debe fincar responsabilidad a quienes resulten responsables.
No olvidemos que, en el pasado sexenio, también se generó una enorme deuda con profesores jubilados del COBACH. Tras años de lucha y manifestaciones, finalmente la Secretaría de Finanzas entregó 40 millones de pesos, dinero que provenía de una parte de la indemnización de la empresa Ford por no haber cumplido con el compromiso de instalar su planta en la entidad. ¿Por qué se entregó dinero para tapar un agujero, pero jamás se fue contra los responsables del daño causado a recursos que originalmente pertenecían a los jubilados? Algo similar pudiera ocurrir ahora y sería inadmisible. No se puede utilizar dinero público para pagar corruptelas.
Mucho se queja actualmente la administración del mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona de los enormes quebrantos de la llamada “herencia maldita”, pero las redes de corrupción siguen impunes. Sólo se han visto algunas simulaciones, como el caso de Mónica Liliana Rangel, exsecretaria de Salud, donde todo terminó pareciendo más una obra teatral que un verdadero ejercicio de justicia.