Desafortunadas declaraciones de síndico muncipal Hugo Salgado
Las declaraciones del síndico primero del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, son una afrenta a la verdad y un insulto a cientos de empleados municipales. Asegurar que “no ha habido despidos injustificados” y reducirlos a simples términos de contrato es una narrativa que se cae a pedazos frente a los hechos. Decenas de trabajadores han sido separados de sus funciones de manera arbitraria, sin explicación legal y en abierta contradicción con lo que hoy presume la autoridad municipal ante los micrófonos.
Trabajadores con 15, 18 y hasta más de 20 años de servicio nos han denunciado haber sido despedidos sin documento alguno, sin aviso de rescisión y sin el mínimo respeto a la legislación laboral. El método es tan burdo como cobarde: llamadas telefónicas, órdenes verbales y funcionarios que no se identifican. Nadie da la cara, nadie firma, nadie asume responsabilidad. Recursos Humanos y la Sindicatura operan en la oscuridad, evadiendo obligaciones legales y apostando al desgaste de quienes se quedan sin sustento de un día para otro.
Esta práctica no es un error administrativo ni un hecho aislado. Es un mecanismo recurrente dentro del Ayuntamiento de San Luis Potosí, diseñado para negar derechos y empujar a los trabajadores a juicios largos y costosos. Resulta cínico einsultante hablar de “contratos concluidos” cuando se trata de personas con años —incluso décadas— de servicio continuo. No son recortes técnicos: son despidos políticos, reacomodos de intereses y limpieza de espacios para operadores afines al poder en turno.
Lo más grave es que este abuso no solo destruye trayectorias laborales y familias completas, sino que golpea directamente a las finanzas públicas. Cada despido ilegal termina, como ya es costumbre, en tribunales laborales donde el municipio pierde y paga millones en laudos. Dinero que no sale del bolsillo de quienes ordenaron los despidos, sino del de la ciudadanía. Aquí la pregunta obligada para el alcalde Enrique Galindo Ceballos es clara: ¿quién autoriza estas prácticas?, ¿quién responde cuando se pierden las demandas?, ¿y por qué los funcionarios que violan la ley nunca pagan las consecuencias? Negar los despidos injustificados no es un error: es una estrategia. Una que ya le cuesta demasiado caro a San Luis Potosí.