Derroche histórico en el congreso de San Luis Potosí
El Congreso de SLP, convertido en agencia de colocaciones: gasto por honorarios se dispara a casi 5 millones al mes
Nunca antes el Congreso del Estado de San Luis Potosí había gastado tanto dinero en personal contratado por honorarios. En agosto de 2025, datos oficiales del propio Poder Legislativo publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia revelan un derroche de 4 millones 694 mil 474 pesos mensuales destinados a 207 personas bajo el ambiguo cargo de “auxiliar general”.
Para dimensionar el exceso: durante la LX Legislatura solo se tenía un registro de 84 personas por honorarios, con un gasto mensual de 1.1 millones de pesos. Hoy, la LXIV Legislatura triplicó el personal y aumentó el gasto en más de 3.5 millones de pesos adicionales al mes. No hay justificación técnica ni administrativa para semejante crecimiento.
Sueldazos sin claridad de funciones
Entre los casos más escandalosos destacan colaboradores cercanos al diputado plurinominal Héctor Serrano, cuya red de influencias atraviesa varios partidos. El sueldo más alto va para Gerardo Romero Vázquez, exrepresentante del PT, con 63 mil pesos mensuales. Le siguen:
José Nicolás Albarrán García (ligado también al PT): 52 mil 595 pesos.
Cristian Rodrigo Zavala, exdiputado suplente por el PRD: 47 mil pesos.
Nubia Rubí Salinas Bocanegra, cercana al diputado local Tomás Zavala (PT): 47 mil pesos.
Eduardo Nava Díaz, con sueldo de 40 mil pesos en el Congreso y 15 mil pesos más como secretario jurídico del PAN.
Todos estos montos contrastan brutalmente con la ausencia total de información sobre sus funciones específicas, sus resultados o su impacto real en la labor legislativa.
El Congreso como botín político
La estructura de “auxiliares generales” parece diseñada para algo más que el trabajo parlamentario: es un sistema para repartir favores, colocar aliados y manejar recursos sin transparencia.
Héctor Serrano —exdirigente del PT y hoy diputado por el Partido Verde— ha consolidado su poder en el Congreso como si se tratara de su oficina personal. La multiplicación de contratos y sueldos sin sustento operativo evidencia una estrategia para usar el presupuesto público como caja chica partidista.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin saber en qué trabajan esas más de 200 personas ni qué aportan al Congreso.