Constructores potosinos denuncian licitaciones amañadas por el Ayunt de SLP
¿LICITACIÓN A MODO? constructores potosinos denuncian que los dejan fuera de las grandes obras
Crece el malestar entre constructores de San Luis Potosí por la manera en que el Ayuntamiento capitalino, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, está entregando algunas de sus obras más importantes. Empresarios locales denuncian que cada vez resulta más difícil competir porque las licitaciones incluyen requisitos financieros que pocas compañías pueden cumplir. Mientras un reducido grupo obtiene contratos millonarios, aseguran, a muchos constructores potosinos apenas les quedan obras menores.
Como ejemplo señalan la construcción del paso superior vehicular “Avenida Jacobo Payán Latuf”, una obra de más de 200 millones de pesos. De acuerdo con información pública del Ayuntamiento, en una primera junta de aclaraciones solamente aparecieron dos empresas y, días después, ya figuraban cinco participantes. Los constructores inconformes consideran extraño este cambio y cuestionan si realmente existió una competencia abierta o si simplemente se incorporaron más empresas para dar mayor apariencia de participación.
Las compañías que aparecen en el procedimiento son PIDSSA, relacionada con Proyectos y Desarrollos Salve; HTR Infraestructura, empresa originaria de Monterrey aunque actualmente tiene presencia en San Luis Potosí; Grupo Constructor Zakina, S.A. de C.V.; DECSSA, S.A. de C.V.; y Obras Civiles Risso. Sobre Zakina y DECSSA, los denunciantes aseguran que existirían vínculos con un mismo grupo empresarial relacionado con la representación de los constructores potosinos, situación que debe comprobarse mediante sus actas constitutivas y documentación societaria. También cuestionan la participación de Obras Civiles Risso, debido a que señalan que tiene alrededor de dos años de creación y no le conocen antecedentes en obras de una magnitud similar.
Pero uno de los puntos que más molestia ha generado fue el requisito financiero. Según los constructores consultados, para participar se exigió una alta capacidad de liquidez y se estableció que la obra no tendría anticipo, obligando al ganador a financiar una parte importante de los trabajos con sus propios recursos. Aseguran que sería la primera obra de esta administración con una condición de este tipo y consideran que el requisito pudo dejar fuera desde el comienzo a numerosas empresas. La pregunta resulta inevitable: ¿se diseñaron las condiciones para reducir la competencia y favorecer a quienes sí tenían capacidad para financiar más de 200 millones de pesos?
El reclamo tampoco se limita a esta obra. Constructores locales aseguran que durante los últimos años los contratos de mayor monto se han concentrado repetidamente entre un pequeño grupo de empresas, incluidas compañías foráneas, mientras numerosos empresarios potosinos tienen pocas oportunidades de participar. Por eso consideran una contradicción que el gobierno municipal presuma su respaldo a la industria local cuando, en los hechos, los contratos más atractivos parecen terminar una y otra vez entre los mismos grupos.
Ante estos señalamientos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí debe transparentar por completo esta licitación y explicar por qué estableció esas condiciones financieras, cómo evaluó a cada participante y bajo qué criterios decidió al ganador. No basta con asegurar que el procedimiento fue legal. Cuando constructores locales denuncian que las reglas parecen hechas para excluirlos, la autoridad tiene la obligación de despejar cualquier sospecha. El dinero es público y las obras no pueden convertirse en concursos donde las condiciones parezcan escritas a la medida de unos cuantos.