Congreso obligado a entregar video que negó
GANA TRASPARENCIA BATALLA CONTRA OPACIDAD DEL CONGRESO DEL EDO
Señalamos que este caso era un verdadero atentado contra la transparencia, ya que el Congreso del Estado de SLP intentó realizar un cobro de 3 mil pesos a un ciudadano peticionario de información pública.
Este caso se deriva de un pago detectado en la comprobación de gastos de la Diputada Ruth Tiscareño, donde se indicaba que había metido la factura No. 0903 por $ 8,000.00 bajo el concepto de “video para evidenciar la pobreza del altiplano”. Es importante señalar que este tipo de gastos se realizan con dinero público y la ley obliga entregar información y rendir cuentas de los mismos.
Gracias a esta información, se ingresó por medio de uno de nuestros integrantes la solicitud de información 00153713 con fecha de 16 de mayo del 2013, solicitando una copia simple de este video, el cual en solicitudes realizadas con anterioridad al Congreso sobre otros temas, el costo era de 3 pesos por entragar copia en CD.
Pero derivado de la campaña de opacidad y de ocultamiento de información que tiene el Congreso en contra de nuestra labor ciudadana, se nos negó la entrega del video, ya que la Diputada Ruth Tiscareño alegó que era un material con datos personales. Por lo que se procedió a realizar la queja 303/201 ante la Cegaip, que es un órgano independiente donde los ciudadanos pueden recurrir cuando se vulnera su derecho a la información que por ley es pública.
Siete meses después, la Cegaip resolvió que el Congreso estaba obligado a entregar copia del video solicitado, con la salvedad que deberían de difuminarse todas las personas que aparecían en el. Ante esto, el Oficial Mayor del Congreso, Miguel Angel Alvarez, quien llegó a este puesto por amistad y recomendación de los compadres diputados : Ruth Tiscareño y Fernando Pérez Espinoza, buscó impedir por todos los medios que el video fuera entregado al solicitante. Esto con el fin de inhibir la trasparencia y encontrar un modo para que se desistiera el peticionario. Al Oficial Mayor se le ocurrió la perversa idea de entregar dos cotizaciones donde se cobraría entre 2,700 y 3,000 pesos para el difuminado de imágenes y con eso lograr el objetivo de ocultar el video.
Colage de imágenes del video inicialmente negado.
Ante este grave atropello a la transparencia, como organización ciudadana decidimos hacer público el caso, ya que de aceptarlo estaría sentando un grave antecedente para que cualquier ente o autoridad pueda recurrir a este tipo de actos y desalentar las solicitudes de información de la ciudadanía en general. Varios medios locales como Noticieros Canal 7, GlobalMedia y el periódico La Jornada le dieron cobertura a este importante tema.
De igual forma, el apoyo nacional fue de inmediato y organizaciones como el “Colectivo por la Transparencia” que aglutina una gran cantidad de asociaciones que promueven la transparencia, como Fundar, Artículo 19, Gesoc AC, Iniciativa Sonora entre otras, se encargaron de poner el tema en la agenda nacional para evitar este atropello. Días después también nuestra denuncia llegó hasta la prestigiada Revista Proceso, que la publicó en el No. 1938
Con cinismo la Diputada Ruth Tiscareño declaró al periódico La Jornada que el Congreso del Estado no entregaría ningún video y que si nos interesaba saber que salía en el, preguntáramos a las personas que asistieron a su 1er Informe de Actividades ya que había pasado parte del material en ese evento publico.
Nuevamente el solicitante recurrió a la Cegaip con documentos donde mostraban el intento de cobro de 3 mil pesos del Congreso para entregar un CD con imágenes difuminadas.
Finalmente, el día 13 de Febrero del 2014, nueve meses después la Cegaip ( Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí ) determinó que el Congreso del Estado violó la Ley de Transparencia y se extralimito en sus funciones, girando instrucciones para que el video de la Diputada Ruth Tiscareño fuera entregado sin censura y sin costo al peticionario, ya que no existe normatividad en la que se pueda basar para calcular el cobro de 3,000 pesos por el video.
Este viernes 14 de febrero, el Congreso del Estado entregó al peticionario copia sin costo un CD del video solicitado mediante oficio 613/2013.
Esta resolución salva el intento de haber podido generar un grave precedente contra la transparencia, ya que de no haber impedido este acto, todos los entes y autoridades empezarían a encontrar en este tipo de cobros la forma de desalentar y ocultar complemente información que por ley debe ser pública.
Nuestro agradecimiento personal a Héctor Rubio y Verónica Espinosa por su gran aportación en favor de la transparencia.