Congreso de SLP debe eliminar abusos y privilegios
Ahora que desde la propia Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, se exige a los congresos estatales terminar con los viejos vicios, los abusos y los privilegios, ha llegado el momento de poner la lupa sobre el Congreso de San Luis Potosí, donde el dinero público se derrocha sin pudor.
Desde la llegada de la actual legislatura, la LXIV, en septiembre de 2024, y bajo el control financiero del diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, lejos de eliminar privilegios, se ha disparado el gasto y se han resucitado apoyos que habían sido eliminados desde hacía seis años.
En 2024, el Congreso contaba con 194 personas contratadas por honorarios y destinaba mensualmente 4.4 millones de pesos a ese rubro. Hoy ya son 211 personas y el gasto asciende a 4.7 millones de pesos al mes. Es decir, se sumaron 17 contrataciones más. El Congreso potosino registra ya un gasto histórico en este apartado y sostiene una plantilla a todas luces excesiva. Tan solo este año, en honorarios, se desembolsarán 56.4 millones de pesos.
A esto se suma que cada uno de los 27 diputados locales, de acuerdo con el tabulador oficial de sueldos para 2026, tiene aprobado un ingreso mensual de 132 mil pesos. En esa cantidad, de por sí ofensiva, ya están incluidos 8 mil pesos para gasolina. Aun así, Serrano Cortés propuso asignar más de 180 mil pesos adicionales en vales, repartidos entre un grupo de legisladores.
Como si eso no bastara, en esta legislatura marcada por el abuso también se revivió otro beneficio injustificable: se entregaron 130 mil pesos a cada diputado como apoyo para la difusión de su informe legislativo. En un solo mes se gastaron 3.5 millones de pesos en un concepto que había permanecido cancelado durante dos legislaturas.
Y la lista de excesos podría seguir. Mes tras mes, en el Congreso potosino se repiten prácticas que exhiben una alarmante normalización del despilfarro. Por eso es indispensable señalar que ha llegado la hora de poner fin a este derroche insultante. Lo más grave es que no existe una sola voz dentro del recinto que se atreva a denunciarlo o frenarlo. Todos parecen cómodos, coludidos y satisfechos después de repartirse el pastel. Le toca a la ciudadanía exigir un alto y presionar con firmeza, porque adentro no hay un solo diputado dispuesto a detener la rapiña.