Comisionados de CEGAIP encubren opacidad para brincar a nuevo puesto
Quien debería garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia en San Luis Potosí se ha convertido, en los hechos, en su principal obstáculo. Los comisionados de la ya desacreditada Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), José Gerardo Navarro Alviso y Ana Cristina García Nales, han asumido una actuación cada vez más cuestionable frente a la ciudadanía, que recurre a ese órgano en busca de defensa ante la opacidad de numerosos entes públicos.
Desde hace meses han adoptado una forma de resolver que, lejos de proteger el derecho de acceso a la información, favorece abiertamente a quienes incumplen la ley. En lugar de tutelar a los ciudadanos frente a la negativa u omisión de las autoridades, han optado por desechar o rechazar recursos con argumentos que terminan beneficiando al sujeto obligado. El resultado es claro: la CEGAIP deja de ser contrapeso y se convierte en un mecanismo de encubrimiento institucional al servicio de la opacidad del Gobierno del Estado, del Congreso y de otros entes públicos.
La sospecha que deja este comportamiento es grave: más que defender la transparencia, pareciera que algunos de sus integrantes buscan congraciarse con el poder político para colocarse en el organismo que eventualmente sustituya a la CEGAIP tras su desaparición. Si ese es el cálculo, entonces no sólo estaríamos ante un órgano debilitado, sino ante uno que ha decidido sacrificar su razón de ser para garantizar su supervivencia burocrática.
Un caso emblemático es el del Partido del Trabajo. Durante todo 2025 no publicó información alguna. Además, ignoró solicitudes de información que le fueron presentadas. Ante ello, se interpusieron las quejas correspondientes, pero la CEGAIP resolvió rechazarlas bajo el argumento de que lo procedente era una denuncia y no un recurso de revisión. ¿El resultado? El partido no entregó la información, tampoco la publicó en la plataforma, y la opacidad salió vencedora. En otras palabras, la decisión de la CEGAIP no protegió el derecho ciudadano: protegió el incumplimiento.
Ahí radica la gravedad del problema. La labor de un órgano garante debería consistir en remover obstáculos, no en fabricarlos. Sin embargo, la actuación reciente de la CEGAIP parece orientada a consolidar un mensaje peligroso para todos los sujetos obligados: si no publican información y además ignoran solicitudes ciudadanas, el órgano garante encontrará la forma de eludir el fondo del asunto y deshacerse de la queja.
Conviene dejarlo claro: si una dependencia del gobierno estatal, el Congreso, un ayuntamiento, un partido político o cualquier otro sujeto obligado incumple con publicar las obligaciones de transparencia que marca la ley, y además una persona solicita esa información por los cauces legales y no recibe respuesta o ésta es indebida, rechazar el recurso de revisión para remitir automáticamente a una denuncia no sólo es una salida cómoda, sino una decisión que vacía de contenido el derecho de acceso a la información. Con esa práctica, la CEGAIP no resuelve el problema: simplemente se quita de encima cientos de inconformidades y envía al poder público un mensaje de permisividad.
La diferencia entre ambas figuras es fundamental. El recurso de revisión sirve para decirle a la CEGAIP: “Solicité información y la autoridad me respondió mal, de forma incompleta, o simplemente no me respondió”. Ese medio de defensa existe precisamente para obligar a la autoridad a revisar su actuación y, en su caso, entregar la información solicitada. Es un instrumento de restitución concreta del derecho.
La denuncia, en cambio, atiende otro supuesto: el incumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben estar publicadas sin necesidad de que alguien las pida. Sirve para denunciar que una autoridad no subió o no mantiene actualizada información de oficio en la plataforma. Pero esa vía no necesariamente garantiza que el solicitante reciba de manera pronta la información concreta que pidió, y en la práctica puede traducirse en meses de dilación sin consecuencia real, como ha ocurrido en casos evidentes.
Por eso resulta tan preocupante que la CEGAIP esté usando la denuncia como una especie de pretexto procesal para cerrar la puerta a los recursos de revisión. Esa interpretación no fortalece la transparencia; la debilita. No protege a la ciudadanía; la deja indefensa. No corrige la opacidad; la institucionaliza.
Los actuales comisionados de la CEGAIP han traicionado a la transparencia y a la ciudadanía, sirven a los intereses opacos y de ocultamiento básicamente del gobierno estatal, congreso y sus partidos políticos afines. Por ningún motivo vamos a permitir que esta gente ocupe el nuevo organismo, lucharemos por la verdadera transparencia y que se acabe con el servilismo institucional.