CEDH con cero recomendaciones al gobierno de SLP y Fiscalía
Durante 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) ha mostrado un desempeño que resulta, por decir lo menos, preocupante.
De acuerdo con la información escuetamente publicada en su página web institucional, se emitieron solo 14 recomendaciones, una cifra que contrasta de manera evidente con administraciones anteriores, donde el promedio anual rondaba las 30 recomendaciones.
La reducción es alarmante: implica una caída de más del 50% en el principal instrumento público con el que cuenta el organismo para señalar violaciones a derechos humanos y exigir medidas de reparación y no repetición. Esta baja productividad no puede analizarse como un simple dato administrativo; se trata de un indicador directo del nivel de exigencia y vigilancia que ejerce el organismo frente al poder público.
Sin embargo, la sorpresa no termina en el número. Al revisar el destino de las recomendaciones emitidas en 2025 por la CEDH, se observa que 12 de las 14 recomendaciones fueron dirigidas a ayuntamientos del estado.
Esto abre cuestionamientos inevitables: ¿acaso las instituciones estatales dejaron de vulnerar derechos humanos?, ¿la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Salud ya no incurren en prácticas violatorias?
En administraciones precedentes a la actual titular Giovanna Itzel Argüelles Moreno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud encabezaban año con año el listado de autoridades con mayor número de recomendaciones. Hoy, en contraste, no existe una sola recomendación dirigida a estas dependencias estatales. La ausencia no puede entenderse como casualidad en un contexto donde las quejas por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, omisiones en investigación o negligencia médica siguen formando parte de la realidad cotidiana.
El patrón observado sugiere, cuando menos, una marcada reticencia a posicionarse frente a instituciones del ámbito estatal. La función de un organismo público de derechos humanos no es administrar equilibrios políticos, sino ejercer autonomía técnica y moral frente a cualquier autoridad, sin importar su jerarquía.
El análisis político también resulta inevitable. Actualmente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) gobierna en 30 municipios del estado. Sin embargo, al revisar el color partidista de los ayuntamientos recomendados en 2025, se observa que no podían faltar aquellos encabezados por fuerzas distintas al Verde. Este dato, aunque no concluyente por sí mismo, alimenta la percepción de un posible sesgo selectivo en la emisión de recomendaciones.
Cuando un organismo constitucional autónomo como la CEDH reduce drásticamente su producción de recomendaciones y, además, concentra sus señalamientos en el ámbito municipal dejando intactas a las principales instituciones estatales históricamente señaladas por violaciones, la pregunta no es si hay una crisis de derechos humanos, sino si existe una crisis de autonomía.
La defensa de los derechos humanos exige firmeza, imparcialidad y transparencia. Cualquier desviación en esos principios erosiona la confianza ciudadana y debilita la razón de ser del propio organismo.
Resumen de ayuntamientos recomendados en 2025
De acuerdo con los datos revisados, las recomendaciones dirigidas a ayuntamientos se distribuyen de la siguiente manera:
En términos generales, las recomendaciones municipales en 2025 se distribuyen entre ayuntamientos gobernados por distintas fuerzas políticas; sin embargo, destaca que no se observa una carga significativa hacia municipios encabezados exclusivamente por el PVEM, partido que actualmente mantiene una presencia predominante en el estado.
La discusión de fondo no es partidista: es institucional. La pregunta central sigue siendo si la CEDH está ejerciendo plenamente su mandato frente a todos los niveles y colores de gobierno, o si su actuación está siendo limitada por consideraciones ajenas a la defensa integral de los derechos humanos.