CEDH de SLP históricamente en la opacidad
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí viola un derecho humano como lo es el acceso a la información. Cumple años ocultando los montos que recibe de ingresos y la forma en como gasta los recursos públicos mes con mes.
A pesar que la Ley de Transparencia obliga claramente que todo ente público o autónomo, debe publicar la fuente de sus ingresos, sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y en el caso de los egresos deben publicarse el monto, beneficiario, concepto, fecha, folio, institución bancaria y funcionario que lo autoriza. En el caso de ingresos, el número de entero, monto, concepto y fecha.
Para no publicar nada sobre el dinero público que recibe y utiliza, la CEDH recurre a "justificaciones" fuera de lugar y que nada tienen que ver con la obligación claramente señalada en la ley de transparencia, incluso argumentan una falsa interpretación de su supuesta "autonomía" para no publicar información adecuadamente.
Los ingresos no los publican bajo el argumento que: "Para este mes que se reporta, este Organismo Protector de Derechos Humanos, no solicita ninguna cantidad para realizar cualquier trámite que este Organismo ofrece, lo anterior con fundamento en los artículos 3 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y artículo 80 de su Reglamento Interior".
El artículo de la ley que argumenta equivocadamente para no publicar el dinero que recibe y gasta señala:
ARTICULO 3º. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo público autónomo de participación ciudadana, dotado de plena autonomía presupuestal, técnica y de gestión; que tiene por objeto esencial la protección, defensa, observancia, promoción, estudio, difusión y educación en y para los Derechos Humanos de toda persona que se encuentre en el territorio del Estado. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y es de servicio gratuito.
Lamentablemente la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP) cuenta con una nula y deficiente revisión de los cumplimientos de los sujetos obligados, aun cuando es una obligación.