Casos de denuncias por robar sueldo a empleados en SLP
Hacemos un recuento de diversos casos de corrupción han sacudido el ámbito político en San Luis Potosí, donde empleadas y empleados han denunciado que diputadas, funcionarios estatales y regidores les han exigido parte o la totalidad de sus salarios como condición para mantener sus empleos.
Uno de los escándalos más sonados ocurrió en la Legislatura LXII, cuando la diputada plurinominal de Morena, Alejandra Valdéz, fue señalada por un asesor quien afirmó que estaba obligado a transferirle parte de su sueldo. El denunciante presentó pruebas contundentes, incluyendo estados de cuenta que evidenciaban las transferencias a la cuenta bancaria de la legisladora, lo que derivó en una denuncia penal.
Por su parte, Mario Lárraga diputado plurinominal del Partido Encuentro Social también fue acusado por dos empleadas contratadas por honorarios, quienes aseguraron que debían entregar parte de su salario para conservar sus puestos. Además, enfrentó señalamientos por acoso sexual y laboral.
En la Legislatura LXIII, la diputada plurinominal de Morena, Lidia Nallely Vargas, fue denunciada por dos asesores y su propia cuñada, quienes detallaron que era obligatorio entregar la mitad de su sueldo para trabajar en el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Otro caso relevante involucró a Sergio Desfassiux, exdiputado del PRD conocido por su actitud agresiva e intolerante. Tras ser nombrado titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) del Gobierno del Estado, fue destituido poco después por acusaciones de corrupción, incluyendo el control de tarjetas de nómina de supuestos trabajadores fantasma.
Recientemente, en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el regidor del PRD, Jorge Zavala, fue acusado por varias mujeres. Una de ellas relató que la obligaron a firmar un contrato por honorarios, pero nunca laboró en el ayuntamiento, ya que, a los pocos días, le retiraron su tarjeta de nómina y continuaron exprimiendo su sueldo.
Lamentablemente, como es común en la clase política, todos estos casos han quedado impunes, lo que perpetúa estas prácticas de corrupción. Es urgente poner fin a la protección de servidores públicos que abusan de su posición para apropiarse del dinero de sus empleados, una práctica que podría calificarse como “huachicoleo” de recursos públicos.