Caso Invercorp: cinco años después, las víctimas siguen sin justicia
CASO INVERCORP: CINCO AÑOS DESPUÉS, LAS VÍCTIMAS SIGUEN SIN JUSTICIA
A casi cinco años de la detención de Gabriel Alan “Gabo” Salazar Soto, el caso Invercorp continúa atrapado en un laberinto judicial. No existe una sentencia firme, los afectados no han recuperado su dinero y la única condena que se había dictado fue anulada en 2025. Mientras tanto, tampoco existen denuncias penales conocidas presentadas por el Gobierno del Estado por los presuntos actos de corrupción con los que Salazar fue relacionado durante el pasado sexenio en la Secretaría de Salud.
El resultado es difícil de explicar a las víctimas: han pasado años, existen cientos de afectados, se habla de un fraude superior a los 100 millones de pesos y, aun así, el proceso prácticamente volvió al punto de partida.
Gabriel Alan Salazar fue detenido el 16 de diciembre de 2021 y enviado al penal de La Pila acusado de fraude genérico y asociación delictuosa. Las denuncias comenzaron desde 2020 por parte de inversionistas que entregaron recursos a Invercorp Capital Financial, del Grupo Infinite, bajo la promesa de recibir rendimientos que finalmente dejaron de pagarse.
En su momento se habló de más de 800 personas afectadas y cantidades superiores a los 100 millones de pesos. Sin embargo, después de casi cinco años, todavía no existe una resolución definitiva que establezca responsabilidades y garantice la reparación del daño.
UNA CONDENA QUE DESAPARECIÓ
El proceso incluso llegó a tener una sentencia condenatoria. Sin embargo, el 10 de septiembre de 2025, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dejó sin efectos esa resolución y ordenó reponer parte del juicio.
La Sala determinó que el Tribunal de Enjuiciamiento debía volver a pronunciarse sobre aspectos relacionados con la presunción de inocencia y la posible coautoría en los delitos imputados.
En términos sencillos: la condena desapareció y el juicio tuvo que regresar a una etapa anterior para volver a resolver prácticamente lo mismo.
Las víctimas intentaron combatir esta decisión mediante el amparo 1509/2025, pero tampoco tuvieron éxito. El 28 de enero de 2026, el Juzgado Segundo de Distrito sobreseyó el asunto sin analizar el fondo, al considerar que la reposición del juicio no representaba un acto de imposible reparación.
Para los afectados, el resultado fue devastador: después de años esperando justicia, la sentencia obtenida dejó de existir y el procedimiento volvió a comenzar.
AMPAROS, SUSPENSIONES Y MÁS RETRASOS
La revisión de al menos nueve expedientes de amparo correspondientes a 2025 y 2026 muestra una intensa estrategia jurídica encabezada por Gabriel Alan y su hermano Jonathan Alfonso Salazar Soto.
Tan sólo Gabriel Alan ha promovido recursos relacionados con su prisión preventiva, solicitudes para modificar su medida cautelar, falta de respuesta a escritos, designación de defensor y otras actuaciones judiciales.
Entre junio y septiembre de 2026 aparecen al menos siete juicios de amparo relacionados con ambos hermanos ante diferentes juzgados federales de San Luis Potosí.
El uso de estos recursos constituye un derecho de cualquier acusado. Sin embargo, su acumulación ha provocado que el proceso transite entre suspensiones, reposiciones, recursos y conflictos judiciales sin llegar a una conclusión definitiva.
Mientras los tribunales discuten procedimientos, las víctimas continúan esperando.
EL CASO DEL HERMANO
Jonathan Alfonso Salazar también permanece privado de la libertad y ha promovido diversos amparos.
Su situación incluye un problema de salud delicado. En expedientes presentados durante agosto y septiembre de 2026 reclamó que no se le garantizaba adecuadamente un tratamiento que requiere dos veces por semana.
Un juzgado federal concedió una suspensión para garantizar que recibiera atención médica integral y oportuna. Incluso existen registros de su traslado bajo custodia al Hospital General de Zona número 1 del IMSS.
Esta situación debe atenderse conforme a derecho y respetando sus garantías fundamentales, independientemente de las acusaciones que enfrenta.
EL OTRO CASO QUE NADIE PARECE QUERER TOCAR
Pero alrededor de Gabriel Alan Salazar existe otro asunto que prácticamente desapareció de la agenda pública.
Durante el sexenio anterior fue relacionado periodísticamente con presuntas irregularidades y operaciones vinculadas con contratos de la Secretaría de Salud estatal durante la administración de Mónica Rangel.
Se trata de señalamientos distintos al fraude de Invercorp y que deberían investigarse por separado.
Lo grave es que, hasta ahora, no se conocen denuncias penales presentadas por el actual Gobierno del Estado contra Salazar por esos presuntos actos de corrupción.
Si existieron irregularidades con recursos públicos, contratos o empresas relacionadas con funcionarios de aquella administración, resulta inexplicable que después de varios años no exista una investigación penal pública que determine responsabilidades.
El discurso contra la corrupción del pasado sexenio y la llamada “herencia maldita” pierde fuerza cuando no termina en denuncias, investigaciones y procesos judiciales.
CINCO AÑOS Y NINGUNA JUSTICIA DEFINITIVA
El dato más reciente confirma hasta qué punto se ha prolongado el proceso.
El 31 de agosto de 2026 se celebró finalmente la audiencia para reponer el fallo del juicio oral y se fijó una nueva audiencia para el 21 de septiembre, además de una revisión de la medida cautelar.
Es decir, casi cinco años después de la detención, el tribunal apenas volverá a pronunciarse sobre la responsabilidad penal del principal acusado.
Para los inversionistas afectados, la realidad es mucho más sencilla que cualquier explicación jurídica: entregaron su dinero, denunciaron, esperaron durante años y todavía no existe una sentencia firme ni reparación del daño.
Y existe además una segunda deuda pendiente.
Mientras el caso Invercorp sigue perdido entre amparos y reposiciones, los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la Secretaría de Salud del pasado sexenio permanecen sin una respuesta penal conocida por parte del Gobierno del Estado.
Al final, hay dos preguntas que siguen abiertas: ¿cuánto tiempo más deberán esperar las víctimas de Invercorp para obtener justicia? ¿Y por qué el Gobierno estatal no ha llevado ante la justicia los presuntos actos de corrupción relacionados con Salazar durante la administración anterior?
Después de casi cinco años, el problema ya no es solamente cuánto tarda la justicia. El problema es que, para cientos de víctimas, la justicia simplemente no ha llegado.
*Investigación elaborada con base en versiones públicas de expedientes de amparo correspondientes a 2025 y 2026 y antecedentes periodísticos del caso.