Caso de nepotismo en la delegación V del DIF Estatal de SLP

06.07.2026 12:56

NEPOTISMO EN LA DELEGACIÓN V DEL DIF ESTATAL DE SAN LUIS POTOSÍ
Un tema que siempre será sumamente cuestionado es el nepotismo y llenar las dependencias públicas con familiares, precisamente se ha detectado un caso dentro de la Delegación V del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Luis Potosí que hoy exponemos en esta investigación especial.


La Delegación V del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Luis Potosí abarca las colonias Bellas lomas, Satélite y parte de los siete barrios, está ubicada en la calle Mariano Otero número 804, Barrio de Tequisquiapan, en la capital potosina.
En esta delegación detectamos que existen laborando en este momento al menos cuatro familiares. Esta práctica de nepotismo está encabezada por Norma Angélica Ojeda Hernández, que ocupa el cargo de delegada V del DIF Estatal desde el año 2021, coincidiendo con el inicio de la actual administración estatal. Tiene una percepción de 30 mil 44 pesos mensuales.


Posteriormente, diversos familiares directos de la funcionaria fueron incorporados a la plantilla laboral de la dependencia, desempeñando distintos cargos dentro de la misma estructura administrativa. Entre ellos se encuentra Juan Antonio Ojeda Hernández, hermano de la delegada, contratado por honorarios como encargado de almacén y cargador percibe 9 mil 600 pesos mensuales.


Erika Fabiola Castillo Ojeda, hija de la delegada, se desempeña como asistente directa de la delegada con un sueldo mensual de 13 mil 500 pesos.
Asimismo, María del Pilar Ojeda Hernández, también hermana de la delegada, ingresó inicialmente como capturista dentro de la Delegación V y posteriormente, durante el año 2025, fue promovida al cargo de encargada de almacén y cuenta con un sueldo de 10 mil pesos por medio de honorarios asimilables a salario.


De igual forma, durante los años 2024 y 2025, la misma declaración patrimonial comprueba que se tuvo contratado a José Amner Escobedo Bernal, identificado por diversos trabajadores como supuesta pareja de la delegada y tenía el cargo de capturista.
Finalmente, Angélica Rosalba González Hernández, fuentes consultadas señalan que presuntamente es prima de la delegada y estuvo laborando ahí como asesora jurídica en 2022 hasta inicios de 2025.

Por la naturaleza de los hechos expuestos, es sumamente importante que intervenga de inmediato la Contraloría del Gobierno Estatal para que se investigue a fondo las contrataciones, promociones y permanencia de las personas mencionadas. Llenar de familiares una dependencia viola los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas que deben regir en el servicio público.
 

Los hechos descritos resultan relevantes debido a que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí contempla expresamente la figura del nepotismo.
 

El artículo 62 Bis establece que:
"Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato."
Por lo anterior, resulta de interés público esclarecer las contrataciones y promociones señaladas dentro de la Delegación V del DIF Estatal que involucran a su titular Norma Angélica Ojeda Hernández.


El nepotismo no debe permitirse en las dependencias de gobierno porque los puestos públicos no son para beneficiar a familiares, amigos o personas cercanas. Cada cargo debe entregarse a quienes tengan la capacidad, la experiencia y los conocimientos necesarios. Cuando se contrata por favoritismo, se cierran oportunidades a personas preparadas, aumenta el riesgo de corrupción y se pierde la confianza de la ciudadanía. El dinero público debe utilizarse para contratar a los mejores perfiles, no para mantener privilegios familiares.
 

La información contenida en esta investigación se encuentra respaldada por documentación oficial obtenida de la Plataforma Estatal de Transparencia y de las declaraciones patrimoniales de las personas mencionadas.