Ayuntamiento de SLP paga 111 mil en sobreprecio por 3 videocámaras
Se descubre otra compra con sobreprecio en el Ayuntamiento de San Luis Potosí; el daño al erario supera los 111 mil pesos
Con pruebas y documentos en mano, la organización Ciudadanos Observando reveló un nuevo caso de pagos con sobreprecios a proveedores cuestionables. Esta vez, se trata de una compra realizada en junio pasado, cuando el Ayuntamiento de San Luis Potosí pagó 368 mil 880 pesos por tres videocámaras Sony PXW-Z200 a un fantasmagórico proveedor, identificado como Julio César Ramírez García. El precio unitario fue de 122 mil 960 pesos por cámara.
Tras solicitar cotizaciones a distribuidores autorizados de Sony, se confirmó que el precio real en el mercado es considerablemente menor. La empresa Color Cassettes ofreció el mismo modelo en 85 mil 795 pesos, Viewhaus en 86 mil 789 pesos y Vyorsa en 96 mil 236 pesos. De haberse elegido la opción más económica, el Ayuntamiento habría pagado solo 257 mil 359 pesos, lo que significa un sobreprecio de 111 mil 521 pesos.
Este gasto excesivo representa un acto grave de corrupción en las compras y adquisiciones municipales. Y no es un hecho aislado.
Según la información recabada, esta adquisición fue solicitada por la Dirección de Comunicación Social, encabezada por Eduardo Marceleño Alonso, y avalada por el oficial mayor Salvador Moreno. La reiteración de compras con sobreprecios y el uso de proveedores cuestionables, dejan en evidencia el encubrimiento sistemático por parte de la contralora Gabriela López, cuya actuación resulta altamente cuestionable.
La investigación continúa. Tenemos pruebas que en 2024 y el primer semestre de 2025, Julio César Ramírez García ha recibido múltiples pagos del municipio por conceptos tan variados como bolsas de detergente, almohadillas de béisbol y videocámaras.
La administración del alcalde Enrique Galindo enfrenta serios señalamientos por la contratación de proveedores con precios inflados, empresas fachada y factureros, con la complicidad de la contraloría interna. Además, se ha detectado el uso de recursos públicos para financiar supuestos “medios de comunicación” que no son más que perfiles en redes sociales, utilizados para atacar por medio de guerras de lodo y calumnias a periodistas y organizaciones que denuncian estos abusos.