Ayuntamiento de SLP derrocha millones en camionetas para funcionarios
Lujo a costa del erario: el Ayuntamiento de San Luis Potosí derrocha millones en camionetas para funcionarios
El Ayuntamiento de San Luis Potosí gastó más de dos millones de pesos del dinero público en solo dos camionetas destinadas para funcionarios municipales como Fernando Chávez, secretario general, y Eduardo Marceleño, director de Comunicación Social. Este gasto, disfrazado como arrendamiento, refleja el uso discrecional de recursos para el confort de altos funcionarios.
La administración municipal, encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, firmó el contrato DAAS/163/2022 con la empresa Casanova Vallejo, una compañía que fue inhabilitada por vender ambulancias con sobreprecios al IMSS. El contrato contempló el arrendamiento de 42 vehículos por 27.6 millones de pesos, con una vigencia del 19 de septiembre de 2022 al 10 de septiembre de 2024.
De acuerdo con una revisión, varios vehículos fueron rentados hasta 57% por encima de su valor comercial, lo que podría representar un daño patrimonial estimado en 15 millones de pesos.
Un ejemplo claro es el caso de Fernando Chávez Méndez, quien utilizó una pick-up JAC Friston GML T8 modelo 2022, por la que el Ayuntamiento pagó 791,136 pesos en arrendamiento. Al término del contrato, el vehículo fue adquirido por 224,100 pesos adicionales, sumando un total de 1,015,236 pesos. Esta unidad, si se hubiese comprado nueva desde el inicio, habría costado 360,000 pesos, lo que implica un sobrecosto de 655,236 pesos.
Situación similar ocurrió con Eduardo Marceleño Alonso, quien recibió una JAC Friston GML T6 modelo 2022. Su arrendamiento costó también 791,136 pesos, y fue adquirida posteriormente por 198,225 pesos, alcanzando un gasto total de 989,361 pesos. Su valor real en 2022 era de 345,000 pesos, lo que representa un sobrecosto de 644,361 pesos.¿Era necesario pagar este arrendamiento costoso para que el director de comunicación disfrutara de una camioneta como esta para sus traslados en la ciudad?
Estos dos casos reflejan una práctica de gasto excesivo y opaco, donde el Ayuntamiento optó por fórmulas más caras en lugar de adquisiciones directas, beneficiando a una empresa con antecedentes cuestionables. Mientras tanto, las necesidades ciudadanas siguen sin respuesta y el dinero público se usa para financiar privilegios.